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SE CONOCIERON LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA POR EL CRIMEN DE LOS MARTIRES DE CHAMICAL

Se conocieron los fundamentos del juicio oral por los crímenes de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, proceso que concluyó con la condena a prisión perpetua del ex general Luciano Benjamín Menéndez, el ex vice comodoro Luis Fernando Estrella y el ex policía Domingo Benito Vera. Los ex miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la policía Provincial, respectivamente, fueron encontrados culpables del secuestro y asesinato de los sacerdotes, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En los fundamentos, los jueces José Camilo Quiroga Uriburu, Jaime Díaz Gavier y Carlos Lascano, destacaron el conocimiento y connivencia de la jerarquía eclesiástica respecto del plan de exterminio montado desde mediados de los años setenta. Los magistrados destacan el rol de la Doctrina de Seguridad Nacional en la planificación del exterminio de los "enemigos" o "blancos" políticos, tal como fue llevado a cabo por un sector de la sociedad.

El fallo completo dado a conocer dos meses después de la sentencia, aporta una significativa cantidad de pruebas relevantes para el esclarecimiento del crimen de Monseñor Enrique Angelelli, asesinado en agosto de 1976, a un mes del asesinato de los Mártires de Chamical.

Textualmente, los jueces afirman: "repárese en que dentro de la lógica de la doctrina de Seguridad Nacional, Directivas y Reglamentos dictados con motivo de la alegada lucha antisubversiva, la Iglesia Católica era considerada "Propias Fuerzas", junto con las Fuerzas Armadas, el Gobierno, los partidos políticos no marxistas (Ver Anexo III, Directiva 404/75). Siguiendo esta perversa lógica, Monseñor Angelelli había cometido un "pecado mortal", una "traición", pues perteneciendo a una institución tradicional que mostró en muchas de sus autoridades, silencio, adhesión y complicidad con el proceso de la dictadura, aquél se mostraba disidente, constituyendo una voz autorizada dentro de la Iglesia no sólo en contra del régimen militar sino en la defensa de los derechos de los pobladores riojanos, lo cual lo convertía junto a sus seguidores –desde la perspectiva del régimen criminal- en un enemigo aún peor."

Esta complicidad notoria que resaltan los jueces, se encuentra en el mismo sentido que los documentos del Episcopado que fueron conocidos públicamente hace no más de un año. Los magistrados afirman la existencia de dos "grupos" dentro de la Iglesia. Pero las contradicciones eran un poco más que aparentes en la institución; la Iglesia del Pueblo era, junto una gran diversidad de organizaciones sociales, el objeto de la aniquilación de una convergencia de sectores sociales, entre ellos parte de la jerarquía eclesiástica, comprometidos con un proyecto autoritario de sociedad. No menos aparente es en estos días, pues, mientras son investigados los crímenes de los religiosos asesinados, otros como Von Wernich, en Buenos Aires, o José Mijailchik, en Tucumán, son condenados y acusados por su participación en el asesinato de hombres y mujeres.

El fallo además recopila los diferentes testimonios que dan cuenta de una trama de poder local que operaba mediante un eficiente sistema de inteligencia, en el que participaban civiles y miembros de las distintas fuerzas. Este aporte da cuenta, además, de mecanismos institucionales previos a la dictadura cívico militar de 1976 que permitían el enlace entre el poder ejecutivo y las autoridades militares.

Los magistrados reflexionan sobre el silencio de más de tres décadas de la Conferencia Episcopal Argentina sobre estos crímenes, con una crítica autorreferencial: "Seguramente los miembros del Pueblo de Dios, así como la generalidad de la sociedad argentina, esperan de una institución de tanta significación como la Iglesia Católica, una actitud de más nítido y claro repudio a los mecanismos y a quienes de una manera u otra permitieron y consintieron la comisión de gravísimos hechos como los que ahora juzgamos, como ocurre con relación a todos los estamentos institucionales y grupos de poder del país, incluida la justicia por cierto."

 

Rogelio De Leonardi

Secretario de Derechos Humanos

CTERA

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