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Evaluación a estudiantes y acreditación de los ISFD los dos movimientos de una misma operación orquestada para cerrar institutos

Evaluación a estudiantes y acreditación de los ISFD los dos movimientos de una misma operación orquestada para cerrar institutos

 

Al día siguiente de la operación fraudulenta llevada a cabo por el Ministro de Educación de la Nación

Finnochiaro en el marco de la reunión del CFE para aprobar la creación de la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD), los medios de comunicación

que están al servicio del poder gobernante salieron rápidamente a denostar a la formación docente de

nuestro país, a través de la publicación de los resultados del operativo Enseñar 2017 aplicado a los

estudiantes de los Institutos de Formación Docente.

Tal como venimos denunciando desde CTERA, los operativos de evaluación “Enseñar” se instrumentan en el

marco de una política educativa neoliberal que impulsa el gobierno actual y que se caracteriza por la

mercantilización y la privatización educativa, el desfinanciamiento del sistema educativo, el cierre de

escuelas y de institutos de formación docente, de carreras, de cursos, entre otros. En este contexto, el

manejo de los datos, de los resultados y la utilización mediática y política de los mismos genera, como

mínimo, un manto de sospecha, ya que el uso de dichos resultados se ha convertido en el instrumento

fundamental para legitimar el achicamiento del sistema y el cierre de instituciones y para justificar la

“profecía autocumplida” del macrismo acerca del problema que significa “caer” en la escuela pública.

Para los medios oficialistas estos resultados constituyen la “verdad revelada de lo que sucede en todos los

institutos del país”. Cuando en realidad los resultados no pueden tomarse como representativos porque,

entre otras cosas:

Se basan en un diseño muestral distinto en cada jurisdicción del país. Mientras en algunas

provincia el operativo fue censal, en otras fue aleatorio; con la llamativa particularidad de que en

provincias que gobierna “Cambiemos” o son oficialistas (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba),

la muestra fue intencional; o sea que la jurisdicción propuso a los institutos que iban a ser

evaluados. De esta forma quedó configurada una muestra no representativa, con un nivel de

participación jurisdiccional muy desigual (por ejemplo, Neuquén no participó). Del total país (1.344

Institutos que brindan Formación Docente según el Anuario 2017), sólo participaron 464 Institutos;

es decir, que el porcentaje de participación sólo alcanzó al 35%.

Esconden los bajos niveles de participación del estudiantado. Participaron del operativo 11.941

estudiantes del último año. Si se tiene en cuenta que los egresados de la formación docente en 2016

-último dato disponible- ascienden a 50 mil, apenas representa el 24% de los estudiantes que

egresan. Los niveles de participación son muy bajos y dan cuenta de la escasa legitimidad que tiene

el instrumento como evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en CABA, la participación de estudiantes

de Institutos de gestión estatal fue tan solo del 25%, el mismo porcentaje en Río Negro. En Mendoza,

donde expresan que participó el 100% de las instituciones (provincia bajo la modalidad censal), los

estudiantes participantes son 656. Este valor representa sólo el 31% del total de egresados de la

formación docente.

1 Documento elaborado por la Secretaria de Educación, Equipo “Evaluación Educativa”: Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde.

 

Secretaría de Educación

Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”

Se basan en una evaluación normativa. Este tipo de evaluación normativa es la que había

caracterizado a los ONE en los 90, siendo reemplazada a partir del 2005 por una evaluación criterial.

En la evaluación criterial se evalúa el avance del alumno hacia el objetivo propuesto y la distancia

que lo separa de él. Las funciones que cumple este tipo de evaluación son: establecer un balance

con los objetivos propuestos, y realizar un diagnóstico de las dificultades, conceptos que nos remiten

en mayor medida a los fundamentos de la evaluación formativa. Por el contrario, la evaluación

normativa compara el lugar que ocupa cada alumno, según su rendimiento, en relación con sus

compañeros o con una escala. Se reduce a una medida de desempeño en relación al conjunto

evaluado y puede dar resultados diferentes si es otro el universo de estudiantes evaluados.

La misma responsable de toda esta operación, Elena Duro, dice en el informe: “En tanto estudio

exploratorio, es importante señalar que las conclusiones de este informe sólo pueden entenderse y asumirse

para la población que rindió efectivamente la evaluación, y no son extrapolables al conjunto de personas de

todo el país que se encontraba en una situación similar”. Sin embargo, obviando esta confesión, los medios

presentaron los resultados a la opinión pública como si fueran válidos para todo el sistema formador.

Incluso, de manera sesgada salieron a decir que “el 40% de los nuevos docentes tienen dificultades en

lectura y escritura”. También podrían haber presentado la información diciendo que el 60% no tiene esas

dificultades, entre los cuales el 40% está por encima de lo esperado y un 20% dentro del promedio. Pero la

información que había que dar es que los Institutos forman malos docente ergo, hay que cerrarlos.

Desde CTERA nos preguntamos entonces sobre la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados

de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo. Evidentemente,

estas decisiones sólo expresan la clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de

escuelas e institutos, y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública.

A todo esto hay que sumarle que a los docentes y directivos sólo se los convoca a la participación en las

instancias instrumentales y de aplicación; cuando la evaluación, sus objetivos, propósitos y formas de

instrumentación ya estaban decididas de antemano, con lo cual los docentes quedan afuera de la decisión

de aspectos fundamentales del proceso evaluativo.

Por todo esto, desde CTERA expresamos no sólo nuestro rechazo al uso mal intencionado de los resultados

de los operativos de evaluación sino que también denunciamos el uso político de la información educativa,

buscando el momento en el que presentan datos que puedan autojustificar las políticas de vaciamiento y

destrucción de la educación pública que este gobierno viene llevando adelante desde su misma asunción.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018