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Columna Editorial. Mayo 2020

Columna Editorial.  Mayo 2020

¡NO es un gasto! ¡No es una inversión! ES un DERECHO

En los últimos años ha quedado bien al descubierto que los medios hegemónicos de la derecha no descansan, ni descansarán un minuto, en su cruzada por denostar y socavar toda política que tenga un Estado presente, y atacar toda medida que priorice lo público antes que lo privado, o lo social antes que lo individual.

En la carrera desenfrenada de los medios por impugnar “lo popular”, esta semana embistieron contra una línea de las políticas educativas actuales, conocidas como “los cuadernillos” del programa “seguimos educando”.

En su afán depredador de lo público y teniendo siempre como horizonte conservador a la mercantilización de la educación, esta vez incursionaron por dos vías. Una vía, es la clásica denuncia contra el “adoctrinamiento populista” inaugurada por la revolución “libertadora” en el 55 y remozada en cada Golpe de Estado, sucesivamente. La otra vía, es la hipótesis siempre presente de la derecha sobre el “derroche de los recursos” que hace el populismo cuando llega al poder.

Así fue que reaparecieron por estos días los viejos y, evidentemente, no tan viejos conceptos neoconservadores y neoliberales de los ?90 respecto al espanto frente al “contenido político” en lo pedagógico, y la definición de la educación como un gasto.

Hay una nota de estos medios que desempolva de un plumazo y sintetiza estos preceptos, sin siquiera detenerse por un momento en la estación economicista del medio donde la educación se define como “inversión”. Esa “estación” es en la que muchas veces nos hemos detenido para tratar de salirnos de la mirada del “gasto” pero que de todos modos siempre estaba a medio camino: "la educación es una inversión".

Pero el argumento de esta nota a la que hacemos referencia -que por supuesto permanece fiel al mandato mitrista-, pasa directo como un tren expreso hacia la más recalcitrante idea de la educación como un privilegio, sosteniendo la falsa ilusión de la necesidad de lo “apolítico” en los procesos de enseñanza y sentenciado que los recursos destinados para los sectores más desfavorecidos son, en última instancia, un gasto que se podría evitar.

“El Gobierno repartió 18 millones de cuadernillos escolares que incluyen difusión de actos de gestión (...) el reparto de los materiales educativos a través del correo, aparecen entre los gastos más costosos del Estado en esta pandemia”. (Diario La Nación, 21/05/20)

Al respecto, nosotros queremos decir que, a más de dos meses de lo que se ha dado en llamar la “continuidad pedagógica” en un contexto signado por la pandemia del COVID-19, la cuarentena y la suspensión del dictado de clases en los espacios físicos de las escuelas, se han puesto en evidencia un sinnúmero de problemáticas, tensiones y dificultades que ya se venían dando en la realidad de nuestro país pero que con la situación de crisis sanitaria se han agudizado.

Ante la crisis, en el campo educativo se ha observado una rápida respuesta del Estado para garantizar el derecho a la educación; y esta respuesta se vio fortalecida por el constante acompañamiento y total compromiso asumido por la docencia argentina en su conjunto.

Ese acompañamiento sostenido por parte de la docencia no ha estado exento de conflictos y tensiones: entre el deseo de formarse en nuevas tecnologías y la sobrecarga e intensificación de la jornada de trabajo; entre las actividades laborales (teletrabajo docente) y las actividades familiares de la vida cotidiana; entre la dedicación a la enseñanza a través de plataformas virtuales y la enseñanza sin conectividad; entre la comunicación con estudiantes con posibilidades de conexión y los que están totalmente discriminados por la situación social- económica; entre las exigencias y normativas que “bajan” las autoridades y la imposibilidad de autorregulación de la tarea según los propios tiempos; por nombrar algunas.

A esto, se suma que muchxs docentes y directivxs han tenido que sostener los comedores escolares, los merenderos, repartir materiales impresos y cumplimentar los requerimientos de las autoridades sanitarias para contribuir a salvaguardar la salud de las comunidades educativas, en un contexto en el que se torna necesario hacer toda una reorganización curricular y una redefinición de los procesos de evaluación tal como se venían planteando previamente a la pandemia.

En este contexto lo que ha primado es la necesidad de garantizar el derecho a la educación. Por lo que, después de tantos años de ajuste, bienvenidos los recursos para la educación pública.

Lo educativo es político y la educación no es un gasto, ni siquiera una inversión. La educación es un DERECHO y es el Estado el que tiene que destinar los recursos necesarios y suficientes para su garantía.

Buenos Aires, 24 de mayo de 2020.

Miguel Duhalde

Secretario de Educación 

CTERA

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