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LA REPRESIÓN NECESARIA

Nota de opinión de Claudio Lozano, Secretario de Estudio y Formación de la CTA, para la Revista Canto Maestro nº 11.

Hacia mediados de la década del 70, la Argentina era un país de base industrial, orientado, de manera dominante, hacia el mercado interno. Su expansión económica dependía del incremento de los niveles de empleo y de salario, en tanto ambas variables dinamizaban la demanda doméstica. Por lo tanto, las propias bases estructurales de la economía nacional afirmaban condiciones para el desarrollo organizativo y político de los sectores populares. En este marco, los momentos de expansión económica promovían alianzas sociales entre organizaciones gremiales de trabajadores y empresarios. En algún sentido, el país construido al amparo del primer peronismo y con organizaciones que asociaban sus estrategias con la ampliación del mercado interno de demanda masiva, sobrevivió al golpe de 1955 y disputó palmo a palmo las condiciones de la reestructuración económica argentina de finales de la década del 50 y comienzos de la del 60.

Las sistemáticas y permanentes irrupciones militares que caracterizaron al período 1955-73 revelaban la imposibilidad de legitimar en términos político-institucionales las transformaciones propias de la segunda sustitución de importaciones. Transformaciones que se expresaban en cambios en el perfil productivo, pautas regresivas en materia distributiva y crecientes niveles de concentración y extranjerización de la economía. La sistemática reedición de la alianza de trabajadores y empresarios (fundamentalmente industriales) imponía una dinámica social que cuestionaba permanentemente la distribución de los ingresos, lo que traía problemas al capital extranjero y a la burguesía terrateniente.
Sintéticamente, la dinámica económica, social y política de la Argentina de aquellos años tendía a unificar a los sectores populares y a amplias franjas del empresariado industrial, al tiempo que ponía en crisis y fracturaba al bloque de poder dominante. Esto último, ligado al hecho de que la reproducción del capital industrial (incluso el más concentrado) dependía de transformaciones sustantivas en la lógica de inversión de capital agropecuario.

La unidad de abajo y la fractura de arriba decretaban las condiciones de ingobernabilidad que para el poder dominante tenía la Argentina de aquel tiempo. Pese a la ausencia de una síntesis política y social que permitiera transformar en gobierno el anhelo de la mayoría de los argentinos, en los hechos, el poder estaba en disputa en la Argentina previa al golpe de 1976.

Los objetivos reales del golpe
El primer intento de revertir esta situación se dio durante el gobierno de Isabel Perón: la Triple A y el Rodrigazo constituyeron la antesala del Terrorismo de Estado y de la experiencia económica de Martínez de Hoz. Luego de la devaluación impuesta por Celestino Rodrigo, la capacidad desplegada por el principal gremio industrial para incrementar los salarios vía convenciones en un porcentaje similar a la alteración cambiaria, y la movilización del 27 de junio de 1975, que termina con el gabinete de López Rega, demostraron dos cuestiones. En primer lugar, y desde los sectores populares, el Estado de Derecho vigente en aquel momento garantizaba la posibilidad de limitar las estrategias desplegadas por el bloque de poder, al tiempo que reflejaba la imposibilidad de transformar en gobierno el poder construido por los sectores populares. En segundo término, además, el Estado de derecho impedía a los sectores dominantes resolver la crisis de gobernabilidad que anteriormente apuntamos.
En este marco, el objetivo fundamental del golpe de estado de 1976 fue el de refundar la sociedad argentina de modo tal que las alianzas sociales que habían caracterizado a nuestro pasado resultasen irrepetibles. En este sentido, el golpe de 1976 es sustancialmente diferente a los anteriores, ya que, en la concepción tradicional de la Doctrina de Seguridad Nacional, la finalidad era la de promover el crecimiento económico como forma de contener el conflicto social y focalizar la represión sobre las organizaciones guerrilleras.A partir de 1976, la conducción de las Fuerzas Armadas incorpora como criterio la noción de que garantizar la gobernabilidad exigía inducir una profunda crisis y reestructuración de la sociedad argentina. En ese marco, la represión genocida tenía por objeto el aniquilamiento del conjunto de las organizaciones populares y no sólo el de las organizaciones armadas.
La mencionada refundación social consistió, entonces, en la restitución de las condiciones de dominación social (subvertidas a mediados de los 70) unificando el interés del bloque dominante y fragmentando a los sectores populares y al empresariado industrial de origen nacional.

Martínez de Hoz: Apogeo y reivindicación
Cuatro ejes y un efecto fundamental describieron la etapa abierta a partir de aquel momento:
1. un colosal endeudamiento externo,
2. una pavorosa desindustrialización,
3. una fuerte transformación del Estado, convertido en un verdadero Hood Robin que cobraba impuestos al conjunto y asociaba sus funciones y gastos principales al capital interno más concentrado,
4. una drástica alteración de la distribución del ingreso, donde los asalariados pasaron del 43% en 1975 al 25% a mediados de los 80.
Sobre estos cuatro ejes y en el marco de la apertura comercial y financiera de la economía argentina, se configuró un nuevo bloque de poder caracterizado por un agente económico principal: el grupo empresario.
Este sujeto se constituye sobre la base de una fuerte diversificación de sus actividades (que permitió unificar el interés dominante), una creciente transnacionalización y un predominio marcado de la valorización financiera respecto a la inversión productiva.
Desde 1990 hasta la actualidad, la política económica posibilitó:
1. mayor endeudamiento externo,
2. mayor desindustrialización,
3. desguace del Estado a partir de la quiebra del Hood-Robin,
4. mayor regresividad distributiva vinculada a los niveles crecientes de desempleo.
Naturalmente, la contrapartida de estos lineamientos fue la consolidación de una cúpula de poder económico integrada por los grupos empresarios locales, los bancos acreedores y el capital extranjero. Todos ellos, integrantes del denominado Consejo Empresario Argentino, que en 1976 colocara al frente del Ministerio de Economía de la Nación a su presidente, José Alfredo Martínez de Hoz.

Impunidad, fragmentación y desempleo: las nuevas caras del terror
Sobre este cuadro estructural, el golpe debe entenderse también como el momento inaugural de un gran dispositivo de disciplinamiento social que aún hoy modela las prácticas comunitarias de esta Argentina, dispositivo que articula la represión genocida, la hiperinflación y el hiperdesempleo.
El terror a que nos maten, a que se licúen nuestros ingresos o a que quedemos sin trabajo, reproduce y amplifica un mecanismo que quiebra solidaridades y que pretende fundar una cultura del sálvese quien pueda.
La propuesta consiste en garantizar un escenario pretendidamente democrático fundado en el terror.
Se persigue instalar una idea según la cual el mantenimiento de la posibilidad de votar exige el respeto a ciertas continuidades estructurales que, en los hechos, degradan nuestro ordenamiento institucional.Así, el genocidio debe asumirse desde la impunidad; la hiperinflación, desde una estabilidad que fragmenta social, regional y productivamente al país; y el desempleo, desde la degradación más absoluta de las condiciones laborales.
El efecto principal de la dictadura fue quitarnos la certeza (que como sociedad alguna vez tuvimos) de que podíamos transformar nuestra comunidad sin que nos maten. El terror, acompañado por un economicismo que viste de legalidad natural el poder económico construido al amparo de la represión genocida, definen las limitaciones principales que 1976 nos plantea veinticinco años después. Sacudirnos el terror y desplazar el economicismo son dos preceptos fundamentales para encarar la gran batalla por la equidad y la democratización que tiene pendiente la sociedad argentina.

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