La Secretaría de Derechos Humanos de CTERA expresa el repudio a la decisión del Tribunal Oral 21, que concedió la excarcelación a Francisco Salvador Pipitó, quien fuera condenado a 11 años de cárcel por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra. Pipitó, quien había sido sentenciado en tanto partícipe necesario del crimen de Mariano, fue beneficiado por la libertad bajo palabra del Tribunal.
La medida se suma a la decisión del mismo tribunal de conceder el mismo beneficio a Claudio Alcorcel, quien había sido condenado a 8 años de prisión por el mismo crimen. Ya a principios de año tras la decisión de estos jueces fue puesto bajo prisión domiciliaria José Pedraza, el ex titular de la Unión Ferroviaria quien controlaba la patota que asesinó al joven compañero que fue sentenciado a 15 años de prisión.
No podemos sino calificar este tipo de medidas como retrocesos de la justicia, que quedan en sintonía con las medidas excarcelatorias beneficiosas para los genocidas juzgados por crímenes de lesa humanidad, que desde comienzos de año han beneficiado a decenas de civiles y militares procesados y condenados. Estas medidas contribuyen a instalar nuevamente la impunidad, en un clima creciente de criminalización de la protesta social.
