La educación inicial en la Argentina puede celebrar un nuevo logro, la ampliación de la obligatoriedad de la educación desde los cuatro años. Es decir que a lo largo y ancho de nuestro país, los jardines de infantes y las diferentes modalidades institucionales del Nivel Inicial harán lugar a los miles de niños y niñas de cuatro años que aún no han ingresado. Esta decisión viene a saldar una deuda que no se logró resolver en el momento de la sanción de la nueva Ley Nacional de Educación en el 2006. Este avance no sólo expresa la ampliación del derecho a la educación de la primera infancia en nuestro país sino que también democratiza nuestra sociedad.
A diferencia de otros niveles de escolarización, la educación inicial para su crecimiento en muchas de las provincias argentinas, siempre ha requerido del compromiso de las comunidades, sindicatos docentes, organizaciones sociales, entre otras. Este paso fortalece una política educativa pública dirigida a la primera infancia. Infancia, que por sus características etáreas al no asistir a tiempo al jardín de infantes, no podía recibir las oportunidades educativas que la educación inicial le brinda más adelante. Por este motivo es un logro relevante de nuestra democracia alojar a los niños más pequeños en el sistema educativo y que sea el Estado el garante del derecho a la educación desde edades cada vez más tempranas.
Es importante señalar que detrás de esta decisión hay muchas generaciones de educadores, educadoras, docentes del Nivel Inicial, sindicatos docentes, en primer lugar, la CTERA, organizaciones de la sociedad civil, unidades académicas que vienen bregando y luchando por la defensa del Nivel desde hace ya muchos años por su expansión y crecimiento. Como también frenando el cierre de salas en la reforma neoliberal o de la carrera de formación de docentes de Nivel Inicial en los Institutos de Formación Docente.
Basta recordar, a modo de ejemplo, lo que sucedió con la educación inicial cordobesa cuando se aplicó la Ley Federal en el año 1993 que establecía la obligatoriedad de cinco años, con el cierre de más de setecientas salas de cuatro años en la provincia de Córdoba. Ello motivó la resistencia de la docencia cordobesa, apoyada entre otros por nuestra querida Hebe Duprat que se trasladó a la provincia para presentar recursos de amparo que eviten su cierre.
En la Provincia de Buenos Aires se multiplicaron los esfuerzos por sostener en los jardines la matrícula de cuatro e incluso de tres años cuando sólo se abrían salas de cinco años y, al mismo tiempo, exigir la creación de jardines de infantes que eran cada vez más insuficientes, decenas de miles de niños y niñas quedaban sin escolaridad.
La lista de resistencias es larga. Hoy la escena política y educativa es otra.
Las luchas actuales de quienes son protagonistas de la educación inicial en la Argentina incluye no sólo el crecimiento y la expansión de su oferta sino también la consolidación de la educación rural, las extensiones horarias vespertinas, la creación de jardines maternales, escuelas infantiles y todas aquellas modalidades que permitan atender una relación que se vela con frecuencia. El vínculo entre el trabajo de las mujeres y la atención educativa de los niños y niñas pequeños que requiere de la invención de políticas cada vez más articuladas más específicas para resolver esta problemática aún pendiente.
A partir de este avance que representa un salto cualitativo significativo es necesario continuar profundizando las medidas considerando la fotografía completa del Nivel Inicial en la Argentina. La obligatoriedad se debe articular con la regulación estatal del conjunto de los servicios que atienden a la niñez en la Argentina. Se torna urgente articular esta decisión con la postergada regulación de la educación maternal y ampliación de la oferta en estos dos primeros años de manera significativa. Para ello es necesario recuperar el funcionamiento de mesas de trabajo jurisdiccionales multisectoriales que de acuerdo a la singularidad de cada provincia, localidad, pueblo atienda los modos de resolver la atención educativa de todos los niños desde que nacen. El papel del Estado como articulador de políticas es clave para evitar la desigualdad desde la cuna.
Para cumplir, la decisión de ampliar la obligatoriedad a cuatro años, en cada provincia sin lugar a dudas, deberán relevar, estudiar y gestionar la creación de nuevos jardines y miles de nuevas secciones anunciadas. Como también, sumado al tema de infraestructura habrá que considerar los cargos docentes, una enorme tarea resta por delante. Priorizar la niñez en situaciones más complejas como lo expresa la propuesta gubernamental debe ser la tarea principal para traccionar aún más en términos de igualdad el acceso a la educación desde los primeros años.
¿Qué representa hoy la educación inicial? Sin lugar a dudas la ampliación de un derecho, el derecho a la educación. También, la posibilidad cierta de albergar a “los nuevos”, a “los recién llegados” para poner a su disposición, la cultura, las culturas… En definitiva, para recibirlos con el mayor gesto de hospitalidad y darles a conocer las reglas de nuestra casa, nos diría el filósofo Jorge Larrosa, para que con ello hagan otra cosa. Educar a los recién llegados es aceptar una responsabilidad pública con el presente citando al futuro.
Hoy celebramos la oportunidad y la justicia de esta decisión gubernamental, al mismo tiempo hacemos llegar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los compañeros y compañeras que desde sus lugares de trabajo han luchado para que esta decisión sea hoy posible.
