Desde la Confederación de Trabajadores/as de la Educación de la República Argentina (CTERA) volvemos a expresar nuestro más profundo rechazo a la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo nacional y exhortamos a los legisladores de todos los bloques a que impidan su tratamiento y/o aprobación en el Congreso de la Nación.
La supuesta “modernización laboral” que promueve el Gobierno de Milei es una nueva mentira de cara a la sociedad que, bajo la falsa promesa de “mayor generación de empleo”, esconde el verdadero objetivo de los sectores de la derecha que buscan suprimir los derechos sociales y laborales conquistados por la clase trabajadora a lo largo de la historia. Se trata de un nuevo intento de precarización de las condiciones de los puestos de trabajo y flexibilización laboral en favor de los intereses del empleador y en detrimento de las y los asalariados.
La reforma laboral oficialista está sintonía con la otra reforma que también quieren imponer en la educación (Proyecto de Ley de Libertad Educativa), para intentar destruir el Sistema de Educación Pública y ponerlo al servicio de los valores del mercado en el marco de un proyecto político de país dependiente y colonial.
En este sentido, desde la CTERA planteamos que el proyecto oficialista tiene ser rechazado en su totalidad y que no es viable bajo ningún punto de vista cualquier intento de modificación parcial de alguno de sus artículos. Esto es así en tanto el espíritu general del proyecto, además de alterar los términos de las relaciones laborales a favor de la parte patronal, quita todas las referencias a la dignidad del trabajador y a la justicia social como principios generales de la legislación laboral.
Asimismo, esta reforma laboral significaría un alto costo fiscal que el gobierno tiende a subestimar o directamente a negar. Este costo fiscal se origina en la reducción de las contribuciones patronales y otros recortes impositivos que no sólo restan recursos al Estado Nacional sino también a las provincias. Recursos que bien podrían utilizarse para fortalecer el presupuesto del sector educativo. Este proyecto de Reforma Laboral propone en su artículo 163 reducir las contribuciones patronales de 20,4% a 17,4% para empleadores del rubro “servicios” o “comercio” y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados lo que supone una pérdida para la Seguridad Social, dado que estos fondos se destinan al ANSES para financiar jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Sólo éste recorte, generaría un costo fiscal de 0,462 % del PBI, según un estudio recientemente publicado por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip).
De acuerdo a las estimaciones del Instituto Marina Vilte de CTERA, si se mantuviera este recurso, se podrían pagar, por ejemplo, los 24 meses del Fondo Nacional de Incentivo Docente que el Estado Nacional le adeuda a todos los docentes del país. Esta deuda suma un total $4,1 billones acumulados al día de hoy (es decir 0,40% del PBI).
Sumando otros recursos impositivos que se perderían en caso de aprobarse esta reforma laboral -como por ejemplo la Reducción del Impuesto a las Ganancias a Sociedades; la derogación parcial de Impuestos Internos; eliminación del Impuesto Cedular (…); reducción de un punto en el aporte a las Obras Sociales por parte de los empleadores-, el costo fiscal total llegaría a 1,278 % del PBI, según las citadas estimaciones realizadas por el sindicato de trabajadores del ARCA.
Con estos recursos el Gobierno de Milei no sólo sería capaz de pagar las deudas con las y los trabajadores de la educación en materia salarial, sino que además podría fortalecer el financiamiento educativo a escala nacional y provincial, que en 2025 alcanzó en forma conjunta apenas al 4,1%, muy lejos de la meta del 6% que establece la Ley de Educación Nacional. De esta manera podría recuperarse el presupuesto de los programas Conectar Igualdad, de Infraestructura y Equipamiento Escolar, de Educación Técnica y Profesional, de Formación Docente, Comedores escolares, entre otros, hoy totalmente desfinanciados o desmantelados.
Desde CTERA denunciamos el proyecto de “Modernización laboral” porque es un retroceso histórico que destruiría los derechos conquistados durante décadas; se flexibilizarían las vacaciones, los horarios y recargos por horas extras, desaparecería el concepto de indemnización para pasar a ser fondo que pagan los propios trabajadores, se eliminaría el preaviso en los períodos de prueba, se limitarían las actualizaciones salariales por inflación, se bajarían los costos por despidos en beneficio de los empleadores, se vería seriamente restringido el derecho a huelga, se limitarían las asambleas de trabajadores y se penalizan los acciones de protesta, buscando debilitar a las organizaciones sindicales.
Frente a una reforma regresiva, injusta y muy peligrosa para toda la clase trabajadora, desde CTERA seguimos defendiendo los Derechos Sociales y Laborales, la Organización Sindical, la Negociación colectiva y las Condiciones dignas de trabajo.
Miguel Duhalde
Secretario de Educación – CTERA
Gabriel Martínez
Instituto Investigaciones “Marina Vilte”
