Las multitudinarias movilizaciones populares que, en un único trazo, han unido la conmemoración festiva del Bicentenario con las exequias de Néstor Kirchner, pusieron de manifiesto la potencia del protagonismo masivo, con una notable presencia juvenil. Ese sujeto social, enraizado en la multiplicidad de voces de nuestro pueblo, irrumpe con la voluntad de avanzar sobre las viejas estructuras del atraso, la inequidad, la discriminación y todo aquello que simbolice un impedimento para la democracia real y la efectiva distribución de la riqueza.
Esa potencia de la presencia popular surge como producto del reconocimiento al avance que ha significado la aplicación de políticas públicas progresivas, pero también como expresión de una conciencia dramática que reclama la profundización de esta época histórica en la que, como afirmara recientemente la Presidenta de la Nación, «el derecho a la propiedad no puede anteponerse al derecho a la vida digna.»
En este contexto, el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, los crímenes perpetrados en Formosa contra la Comunidad Navogoh del pueblo Qôm, y los más recientes contra nuestros hermanos bolivianos y paraguayos en Villa Soldati, configuran la respuesta brutal de quienes pugnan por detener esta etapa histórica realimentando contradicciones que ésta aún no ha podido resolver. Se trata de una Etapa en la que los que defienden la lógica disciplinadora del orden neoliberal, accionan sus reflejos represivos frente a lo que reactivamente perciben como amenaza de pérdida de control ante la dinámica de un proceso en el que van ampliándose los horizontes de la demanda social de manera incesante. Estos elementos conservadores forman parte de los factores de poder que mayoritariamente vienen apostando al desgaste y al fracaso del gobierno. Pero también están los que en distintos estamentos quedaron formando parte del oficialismo y, desde adentro, disputan para imponer la lógica de un gatopardismo que deje en el mero plano de la retórica las alusiones a la construcción de un modelo social signado por la distribución de la riqueza con protagonismo de las fuerzas populares.
Eso se hace explícito cuando las viejas y nuevas derechas se coaligan para montarse en la desesperación de vastas capas de la población urgidas por el desamparo, la insufiencia de planes integrales de vivienda, la indignidad de no contar con efectivas políticas de salud y seguridad social y, en suma, la conculcación del derecho a una vida digna de ser vivida. La permisividad de la que gozó la policía formoseña, tanto del poder político como judicial de esa provincia, la inocultable actuación criminal de la Policía Federal -secundada por la Metropolitana que dirige Mauricio Macri- son indicadores de que el viejo orden cohabita las estructuras estatales y que, incluso, ese viejo orden todavía se asienta en el racismo, la xenofobia y la discriminación que la ideología dominante ha conseguido instaurar aun en sectores populares tras largos años de derrotas y frustraciones. En apariencia, se trata -como lo señalara Germán Abdala- de una «guerra de pobres contra miserables», pero en verdad estamos frente a una disputa que atraviesa a toda la estructura estatal y a la sociedad en su conjunto.
En esta disputa, los trabajadores nucleados en la CTA no somos ni queremos ser neutrales. Nuestra lucha es la lucha de los humillados, los desterrados por el imperio sojero y la minería a cielo abierto, la de nuestros hermanos de clase compelidos a aceptar el empleo en negro, la de los tercerizados, la de los jóvenes y los niños a los que se les arrebata el futuro, la de las mujeres por su doble opresión patriarcal y patronal, la de nuestros padres y abuelos por el derecho a una vejez sin sobresaltos. Nuestra lucha es por una sociedad del trabajo y en contra de una sociedad de la explotación. Nuestra lucha es por la permanente ampliación de los derechos sociales y civiles, como manera de erradicar la xenofobia y la estigmatización de los pobres . Nuestra lucha es por la defensa irrestricta del interés público en contra de la primacía del interés privado y corporativo.
La Central de los Trabajadores de Argentina defiende la política de no reprimir el conflicto social porque el conflicto es la esencia misma de la democracia sustantiva. Por eso es que no puede haber autogobierno de las fuerzas de seguridad, porque esa condición es antagónica a la doctrina de priorizar el derecho a la vida digna por encima de cualquier otro derecho. Por lo mismo, repudiamos a todo y cualquier funcionario gubernamental que, so pretexto de la gobernabilidad, ordene la represión u omita la intervención preventiva en resguardo de quienes se movilizan por sus reclamos. Vemos con buenos ojos la creación del Ministerio de Seguridad porque puede ser el inicio de un avance sobre el entramado de corrupción, complicidades y zonas oscuras del aparato policial que debe ser saneado a fondo. Pero también sabemos que ese avance siempre quedará trunco en tanto no forme parte de un proceso más amplio de resolución de los problemas derivados de la pobreza que acucian a vastos sectores de nuestro pueblo.
La discusión tripartita entre el Estado, los trabajadores y las patronales puede y debe ser el ámbito en el que se aborden las condiciones indispensables para sostener un avance de la sociedad en su conjunto. Este es el modelo que por unanimidad se proclamó en la última asamblea mundial de la OIT, bajo la denominación de Pacto Mundial por el Empleo. Pero este tripartismo, superador de la noción de la autorregulación de los mercados propia del neoliberalismo, no tiene que quedar supeditado al poder de veto de ninguna corporación, ni puede terminar respondiendo a una cultura autoritaria que apenas concibe el pacto social en términos de disciplinamiento de las demandas de la clase trabajadora.
Por el contrario, esa propuesta sólo puede ser legitimada a partir de la inexcusable aceptación de que es imprescindible constituir una agenda social que contemple avanzar hacia salarios dignos; trabajo registrado; salud, educación y seguridad social como derechos sin excluídos; urgente plan nacional de viviendas complementado, en forma transitoria, con la mejora urbanística, ambiental y sanitaria de las villas y asentamientos; recuperación del transporte público, especialmente el ferroviario, jerarquizando la fabricación de sus equipamientos en las plantas y talleres estatales; devolución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas; reforma tributaria progresiva y regulación de las entidades financieras; riguroso control de las industrias contaminantes y de todo proceso extractivo que comprometa la salud de los habitantes y su entorno ambiental.
La Central de los Trabajadores de Argentina se considera parte de este reclamo mayoritario expresado por nuestro pueblo una y otra vez en calles, plazas y espacios públicos. También se reivindica como afluente autónomo de ese vasto frente político y social que, aún sin cauces orgánicos y de representación, no está dispuesto a dejar que este incipiente proceso de transformación social conquistado con la resistencia y la lucha popular, pueda ser abortado por quienes pretenden volver a los viejos esquemas de gobernabilidad basados en la desmovilización y el disciplinamiento social para eternizar los actuales parámetros de la desigualdad. No hemos constituido esta herramienta de organización y lucha para convertirla en un engranaje opositor, como aquellos a los que nos tienen acostumbrados los dogmáticos y sectarios pretendidamente esclarecidos, o como aquellos que traman, en su impotencia política, las viejas y nuevas derechas de este país.
Por todo lo expuesto, y casi sobre el cierre de un año de intenso debate en las filas de nuestra Central, en el que por primera vez enfrentamos un conato de fractura, queremos reafirmar nuestra vocación de unidad con todos los que han asumido que vivimos una época histórica de avance de los pueblos en gran parte de nuestro continente y que, en nuestra Argentina, acaba de ratificarse con la potencia de las mayorías populares movilizadas y con el incesante empuje de una clase trabajadora que no baja los brazos. Con ella y para ella la CTA sigue su marcha.
