Hace más de 18 años, en octubre de 2006, se sancionó en Argentina la Ley Nacional Nº 26.150, que establece el derecho a una Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles del sistema educativo. De esta forma, comenzó un largo proceso para que la escuela fuera un espacio más inclusivo, respetuoso y abierto a las diversas identidades que tanto docentes como estudiantes pudieran elegir asumir.
La ESI es una herramienta clave para transformar las desigualdades sociales y valorar la diversidad. Promueve una reflexión sobre los mandatos machistas, visibiliza y previene las violencias de género, cuestiona los estereotipos de belleza, valora las tareas de cuidado y juega un papel fundamental en la prevención, detección y erradicación del abuso sexual hacia niñeces y adolescencias.
Sin embargo, según una nota publicada en el diario La Nación, el gobierno de Javier Milei ha decidido eliminar una serie de materiales destinados a estudiantes y docentes. “Lo eligió un equipo que sabe lo que está bien o no para los chicos. Solo reemplazamos los que estaban ideologizados”, señalaron a este medio. Ante la consulta sobre qué materiales fueron eliminados, el gobierno evitó brindar detalles, insistiendo en que “hay gente que sabe y evalúa lo que los niños necesitan”.
«Elegimos contenidos no politizados y que se apoyen en la rama biológica, que es la familia. Después, en sus casas, que las familias les enseñen lo que quieran, pero el Estado en esas cosas no se mete», afirmaron.
Frente a estas declaraciones, surgen varias preguntas: ¿Quién conforma este equipo que decide lo que las niñeces necesitan? ¿Vivir en democracia no implica, justamente, una pluralidad de miradas? ¿No es esto, en realidad, un intento de adoctrinamiento? ¿Por qué reducir la educación sexual a una visión biologicista? ¿Dónde queda el Estado como garante de derechos?
Es importante recordar que la ESI no es adoctrinamiento. Desde la sanción de la ley, el Consejo Federal de Educación ha establecido los lineamientos curriculares, construidos mediante mecanismos democráticos, después de un debate público en las calles, en los medios y en las escuelas. De esta manera, los y las trabajadoras de la educación contamos con una normativa clara sobre lo que debe enseñarse en cada nivel educativo. La ESI se basa en la promoción de oportunidades y derechos para todas las personas en el sistema educativo, siendo la igualdad su objetivo fundamental. Abordar la sexualidad desde una perspectiva integral (física, mental y emocional) permite prevenir la desinformación, enfermedades, infecciones y embarazos no deseados, promoviendo la salud y garantizando igualdad de trato.
Seguimos luchando por una escuela pública que sea motor de transformación cultural y que promueva la igualdad de géneros. En este sentido, es fundamental reconocer el valor político y social de la igualdad de género como eje para resignificar la democracia en términos de justicia social, con un Estado que sea garante de derechos.
La escuela pública es un lugar de reflexión, prevención y aprendizaje de nuestras niñeces, adolescencias, juventudes y estudiantes en general. Es el espacio donde se construye conocimiento y se desarrollan acciones de prevención, formando sujetos de derecho autónomos, que conozcan y reconozcan tanto sus derechos como sus obligaciones.
Buenos Aires 11 de enero de 2025
Junta Ejecutiva de CTERA
