Luciano fue visto por última vez, el 31 de enero de 2009, mientras era torturado por un grupo de efectivos de “la bonaerense”. El pibe de 16 años, secuestrado en Lomas del Mirador (Partido de La Matanza), había salido de su casa sólo unas horas antes.
Unos días después sus vecinos atestiguaron que esa noche “se lo llevaron” efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Luciano fue trasladado al “Sheraton”, como le dicen al Centro de Detención Clandestino de la Comisaría 8º de La Matanza, y fue allí donde otros chicos que se encontraban alojados vieron cómo lo torturaban.
Luciano había relatado a sus amigos y familiares que un grupo de policías del barrio le ofreció “trabajar” con ellos; él se negó y a partir de ahí comenzaron las amenazas y detenciones, que posteriormente culminaron en su desaparición. Los efectivos que lo secuestraron y torturaron pertenecían al destacamento policial de Lomas del Mirador, que fuera abierto unos meses atrás “para combatir al delito” en la zona.
Tras una lucha de años, se logró que en diciembre del 2011 el destacamento se convirtiera en el Espacio para la Memoria Social y Cultural «LUCIANO ARRUGA». Allí estuvieron los familiares y amigos de Luciano, la APDH La Matanza, el SUTEBA y la CTA de los trabajadores.
No obstante, a tres años de la desaparición, la investigación judicial no ha avanzado. Los 8 agentes procesados por la desaparición de Luciano fueron separados de la fuerza pero la medida no duró mucho, ya que luego fueron reincorporados y enviados a distintos destinos.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA nos sumamos al pedido de aparición con vida, asimismo exigimos juicio y castigo para todos los responsables del secuestro, la tortura y la desaparición de Luciano Arruga.
La bonaerense bajo la lupa
Todos sabemos que la policía de la Provincia de Buenos Aires tiene sus mañas, sus malas costumbres. No es noticia que la violencia física y psicológica son parte del repertorio de la fuerza. Ésta, que heredó el entramado de prácticas institucionales de cuando era comandada por el General Ramón Camps – hoy consuetudinarias -, es acusada desde hace décadas por numerosos secuestros, torturas y asesinatos. Sólo entre septiembre de 2000 y abril de 2002 se recibieron 1510 denuncias por “apremios ilegales”.
Desde 1983 hasta 2011, en la Provincia de Buenos Aires, se registraron 1510 asesinatos con responsabilidad directa de las fuerzas represivas. Esto es el 45% de los casos registrados en todo el país (3393). El fenómeno no es novedad y hasta tiene nombre propio: Gatillo Fácil. Cabe mencionar que la mitad de las víctimas fatales del Gatillo Fácil son jóvenes pobres de 15 a 25 años.
Delito, derecho y seguridad
La desaparición de Luciano desnuda crudamente la vulnerabilidad de los derechos y garantías de niños/as y adolescentes, a casi tres décadas de caída la última dictadura cívico-militar. Surge como necesario profundizar el análisis de la política de seguridad pública y del modelo de institución policial que constituyen los temas de fondo en la materia.
Los hechos que vienen ocurriendo hace dos años muestran a la bonaerense en todo su esplendor. Sin ir más lejos, en febrero de 2011, acudiendo al saqueo de un vagón con mercadería que descarriló en José León Suárez, la misma bonaerense fue responsable de la masacre de Mauricio y Franco, de 17 y 16 años respectivamente.
Estos hechos muestran a una fuerza con un preocupante grado de autonomía en las decisiones. Es quizá uno de los productos más alarmantes de la política de seguridad pública del gobierno provincial, que busca un mayor “fortalecimiento” y la “autogestión” de la institución policial. Justamente, el caso de Luciano hace visible estos ribetes de autonomía de la fuerza y la existencia de mecanismos de autofinanciamiento, en este caso a través de la “regulación de delitos” como lo llama Marcelo Saín.
El puente entre política de seguridad pública y el gatillo fácil es inexcusable. Esto es lo que lleva a muchas organizaciones de familiares y a organismos de DDHH a pensar en una suerte responsabilidad política. Vemos cómo el sistema de seguridad pública incurre sistemáticamente en la vulneración de derechos, en particular de niños, niñas y adolescentes. La simultaneidad entre estas situaciones y la discusión por la baja en la edad de imputabilidad desnuda la tensión institucional entre dos temas de la agenda pública.
Claro que esta reflexión no puede darse sino en todos los niveles del Estado y por lo tanto de acuerdo a toda la normativa. Viene al caso recordar la entrada en vigencia de la Ley 26.061, de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en 2005 entró en colisión con el Régimen Penal de la Minoridad, impuesto por la dictadura cívico militar en 1980. La diferencia de enfoques socio-jurídicos entre ambas leyes es representativo del panorama institucional; allí se entreven los sedimentos de una política de seguridad autoritaria, que judicializa y criminaliza al niño pobre, y un enfoque de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En este contexto socio-institucional se impone una reformulación del sistema de responsabilidad penal juvenil centrado en la protección de derechos. Entre estas medidas, quizá una de las más urgentes, está la derogación del Decreto-Ley 22.278 que instala el llamado Régimen Penal de la Minoridad, tal como lo propone el Centro de Estudios Legales y Sociales junto a otras organizaciones.
Mientras tanto asumimos desde la CTERA el desafío de llevar este debate en todos nuestros ámbitos de actuación. Esta discusión debe convertirse en un disparador para el más amplio debate social sobre el respeto y la defensa de los derechos humanos.
