El nuevo decreto presidencial 52/2018 modifica el decreto reglamentario 457/07 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que creaba la Paritaria Nacional Docente, instancia de negociación colectiva que el Gobierno actual se encargó sistemática e insistentemente de socavar, ningunear y vulnerar con distintas medidas de claro tinte reaccionario, en perspectiva empresarial, privatista y tecnocrática.
Casi como una provocación callejera, propia de un matón de barrio, ahora el gobierno sale al ruedo, a través de los medios oficialistas, con sus ya conocidas “medias verdades”, buscando instalar la noticia como si se tratara de un triunfo del gobierno sobre la CTERA y como si ese punto fuese el problema y la disputa principal: “El Gobierno le quitó poder a CTERA en la mesa de negociación con los docentes”, reza uno de los titulares de los medios hegemónicos, que se divulga casi en el mismo horario de la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Pero lo que en realidad está sucediendo es que con estos estridentes “cacareos” tratan de disimular el daño principal que significa dejar de contar, por parte de los trabajadores, con una instancia formal y legal a escala nacional, que permite sostener con mayor fortaleza orgánica las discusiones salariales y fijar un piso salarial por debajo del cual no puede quedar el sueldo de los trabajadores docentes de ninguna jurisdicción. Desde el establecimiento de la paritaria docente en el año 2006, la fijación de este piso salarial a nivel nacional tuvo como mérito el mejoramiento de los sueldos de los docentes de todo el país. El intento de su derogación no es más que la condición necesaria para llevar adelante un fuerte ajuste, pues de esta manera se dejaría a las provincias en soledad, sin la posibilidad de contar con los fondos y recursos nacionales que se destinaban a equiparar los salarios docentes.
Lo que persigue el gobierno es terminar definitivamente con esta herramienta e instancia de negociación entre los trabajadores de la educación y el Estado-empleador. Instancia que en todo este tiempo, hasta la llegada del macrismo al poder, había significado la posibilidad de garantizar un mejoramiento paulatino en las condiciones de enseñanza y de aprendizaje en todo el país y, a su vez, de morigerar las desigualdades entre las provincias, evitando el establecimiento de derechos y garantías diferenciales o discrecionales generadoras de injusticias al interior del propio conjunto de los trabajadores.
Ahora, con este decreto, el macrismo pretende eliminar toda posibilidad de discusión sobre el establecimiento de la “retribución mínima de los trabajadores docentes”. Se elimina ese punto y se establece que en la mesa de discusión sólo se hablará de cuestiones como “Condiciones de ingreso a la carrera docente”, régimen de vacantes”, “jornadas de trabajo” y “derechos sociales y previsionales”, entre otros temas.
El gobierno pretende zanjar la discusión sobre este punto esgrimiendo que en el Acta Acuerdo del año 2016 ya se había establecido que el salario mínimo docente en Argentina debía ser por lo menos un 20% superior al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que se fija anualmente en la Comisión del Salario. Sin embargo, desde la firma del acta de referencia, los gremios ya habían planteado que lo que se definiera para el SMVM no excluiría la discusión salarial docente de cada año, que tenía que estar centrada más en las particularidades de este trabajo y en la idea de ir avanzando en la recomposición salarial del sector, sin quedar atados al conformismo crónico que significa asumir un techo salarial de una vez y para siempre, y que, en el mejor de los casos, iría corriendo detrás de un índice de inflación que no es calculado por los trabajadores sino por la parte oficial empleadora. En este sentido, cabe aclarar que ya hace tiempo que el monto fijado como mínimo salarial ha quedado muy por debajo de la línea de la pobreza. Frente a una canasta básica que puede ser calculada en $ 15.000, el SMVM más el 20% sólo asciende a $ 11.400.
El punto de la modificación en la composición y representación de la mesa de discusión es la explicitación de una práctica autoritaria típica de los actuales funcionarios del gobierno nacional y, especialmente, del nuevo Ministro de Educación que no busca otra cosa que atacar a la CTERA y enfrentar a los Sindicatos docentes entre sí. Pero más allá de las formas, esta una clara maniobra antidemocrática que viola la libertad sindical y las garantías establecidas por la Ley de Asociaciones Sindicales.
Esta decisión representa un claro signo de debilidad por parte del Gobierno Nacional que, por un lado, habla de diálogo y pluralidad pero, por otro, realiza prácticas autoritarias y se dedica a atacar a organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores como es el caso de CTERA.
La CTERA es la Confederación ampliamente mayoritaria en el mapa sindical docente y nuclea a más de 400.000 afiliados en todo el país con representación en las 24 jurisdicciones. Sin embargo, lo que ha venido sucediendo en todo este tiempo es que los sindicatos docentes, independientemente de la cantidad de miembros paritarios y de la representatividad, siempre han mostrado unidad y solidaridad de clase. Todos los acuerdos paritarios a los que se ha arribado han sido alcanzados por unanimidad, manifestando una firme posición común frente a las políticas propuestas por el gobierno. La unidad de los sindicatos docentes es uno de los mayores logros en estos últimos tiempos, y eso se ha visto reflejado en los contundentes paros y en las multitudinarias movilizaciones.
Los medios del establishment han simplificado este hecho colocando titulares que ponen el énfasis en un aspecto secundario del mismo: “Se licúa el poder de CTERA en la discusión, uno de los sindicatos más opositores al Gobierno de Macri”, es ejemplo de esta maniobra distractora. Sin embargo este es el problema menor para una organización de tan larga trayectoria en la lucha por la educación pública como la CTERA, que, rápidamente, en su primer comunicado, expresó:
No se DECRETA el fin de la lucha de los Trabajadores de la Educación.
No se DECRETA el fin de la lucha en defensa de la Educación Pública.
No se DECRETA el fin de nuestro compromiso por una sociedad justa e igualitaria.
La CTERA, como lo ha hecho desde su inicio en 1973, va a seguir luchando por una mejor educación para toda la población y por los derechos del sector docente, y si el gobierno cree que nos va a amedrentar con estas medidas arbitrarias y persecutorias, lo único que va a lograr es fortalecer el espíritu de lucha de todos los docentes argentinos para seguir peleando contra este neoliberalismo que pretende sojuzgar y disciplinar a la clase trabajadora.
Resulta más que evidente que al no poder avanzar en su carrera persecutoria para deslegitimar a los dirigentes sindicales docentes, tal como lo han intentado con otros gremios, ahora el ataque va por la institucionalidad, por las formas de organización que les permiten a los trabajadores resistir. Este nuevo decreto deja al desnudo el intento desesperado de un gobierno nacional que intenta limitar, de cualquier manera, las posibilidades de defensa que tienen los trabajadores. Y, tras el ataque a CTERA, lo que subyace es la agresión permanente hacia los maestros y maestras de todo el país que sostienen día a día la educación pública. La derecha gobernante quiere terminar con cualquier atisbo de organización colectiva, porque necesita desmantelar la capacidad de organización y movilización popular de los trabajadores y dejar tierra arrasada para el ajuste estructural que se viene.
Contra esto pelea CTERA, porque sabe que este decreto no es más que el manotazo de ahogado de un Gobierno que se desdice, que miente, que había prometido en campaña pagarle bien a los docentes y respetar la paritaria; un gobierno que ya recorre un camino con olor y color a cuenta regresiva.
Sonia Alesso
Secretaria General CTERA
