Desde la CTERA rechazamos el proyecto de creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD)por tratarse de un nuevo intento del actual Gobierno para volver a instaurar los procesos de acreditación como una herramienta para justificar el achicamiento del sistema, intensificar el ajuste en las políticas de formación docente y avanzar con el cierre de los Institutos Superiores.
El antecedente de una medida similar nos remite al contexto de la reforma educativa de los años ´90, en el que, teniendo como marco jurídico a la “Ley Federal”, la educación obligatoria pasó a ser definida como un servicio y un gasto, y la educación superior como un privilegio.La nueva medida apunta a reeditar ese tiempo pasado, donde el Estado nacional y los Estados provinciales dejaron de ser garantes de la educación y pasaron a ser subsidiarios de determinados intereses económicos y financieros.
Desde CTERAsiempre hemos planteado que es de suma importancia que el Estado cumpla con lo que establece la Ley de Educación Nacional 26.206 (LEN), cuando define entre los objetivos para la política nacional de formación docente: “Acreditar instituciones, carreras y trayectos formativos que habiliten para el ejercicio de la docencia” (artículo 73 “g”); siempre y cuando este objetivo se oriente al fortalecimiento de las instituciones para garantizar el derecho a la educación superior para todos los sectores de la población a lo largo y ancho de nuestro país, y no se limite a la imposición de un dispositivo de acreditación para la justificar el achicamiento del nivel superior.
Por esto mismo, la medida de creación ad hoc de una Comisión para la Acreditación se torna innecesaria porque la normativa vigente ya establece cuáles son las estructuras e instituciones que se ocupan y/o deberían ocupar de la cuestión. En este sentido, el Estado debería garantizar el cumplimiento de lo que ya está prescripto y no en crear una estructura paralela, que desconoce y deja de lado la legislación vigente.
La LENcrea el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) como organismo responsable de las políticas de formación docente. En el Artículo 76 de la misma se prescriben claramente cuáles son sus tareas, entre las cuales se encuentra:
c) Aplicar las regulaciones que rigen el sistema de formación docente en cuanto a evaluación, autoevaluación y acreditación de instituciones y carreras, validez nacional de títulos y certificaciones, en todo lo que no resulten de aplicación las disposiciones específicas referidas al nivel universitario de la Ley Nº 24.521.
La creación de la CONEAFOD además obstruye y quita toda posibilidad de la participación gremialque sí está garantizada la normativa vigente.
LEN, Artículo 77, “El Instituto Nacional de Formación Docente contará con la asistencia y asesoramiento de un Consejo Consultivo integrado por representantes del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, del Consejo Federal de Educación, del Consejo de Universidades, del sector gremial, de la educación de gestión privada y del ámbito académico”.
LEN, Artículo 98, establece la creación del “Consejo Nacional de Calidad de la Educación, en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, como órgano de asesoramiento especializado, que estará integrado por miembros de la comunidad académica y científica de reconocida trayectoria en la materia, representantes de dicho Ministerio, del Consejo Federal de Educación, del Congreso Nacional, de las organizaciones del trabajo y la producción, y de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional. Que tendrá por funciones, entre otras: a) Proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Educativo Nacional; y b) Participar en el seguimiento de los procesos de evaluación del Sistema Educativo Nacional, y emitir opinión técnica al respecto.
LEN, Artículo 119, el CFE “contará con el apoyo de los siguientes Consejos Consultivos, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter público:
a) El Consejo de Políticas Educativas, cuya misión principal es analizar y proponer cuestiones prioritarias a ser consideradas en la elaboración de las políticas que surjan de la implementación de la presente ley. Que está integrado por representantes de la Academia Nacional de Educación, representantes de las organizaciones gremiales docentes con personería nacional, de las entidades representativas de la Educación de gestión privada, representantes del Consejo de Universidades, de las organizaciones sociales vinculadas con la educación, y autoridades educativas del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación. La Asamblea Federal podrá invitar a personas u organizaciones a participar de sesiones del Consejo de Políticas Educativas para ampliar el análisis de temas de su agenda.
A la existencia de una normativa como la señalada, se agrega otro hecho de gravedad institucional y legal, que es el incumplimiento de la Ley 26.075, la que en su Artículo 10º establece, con claridad, que el MEN juntamente con el CFE y las entidades gremiales docentes con representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas generales referidas a: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente.
En definitiva, si la normativa vigente ya establece las obligaciones del Estado, las que están a cargo del MEN y del CFE, las estructuras responsables de llevarlas a cabo, las tareas que se deben realizar y los actores que deben participar, entonces queda claro que no es necesario crear la CONEAFOD, sino cumplir con lo que ya está establecido en la legislación y poner en marcha los institutos previstos con todos sus actores.
No hacer lo que la ley prescribe generando una estructura paralela pone en evidencia, además de la intencionalidad política, la ilegalidad del proyecto. Una situación que, lejos de lograr lo que dice pretender, sólo va a promover una serie de demandas legales administrativas y judiciales por la irregularidades señaladas y por las consecuencias negativas que se produzcan.
Con la creación de la CONEAFOD se consolida la política educativa de este gobierno que deja de lado al “Estado Educador” como garante el derecho social y humano a la educación, para pasar a ser un “Estado Acreditador”, que limita su accionar a la regulación de un “servicio”.
Claramente, la CONEAFOD será una plataforma más que abrirá las puertas a la mercantilización en la formación docente, habilitando el acceso al sector privado; al mismo tiempo que será el instrumento para avanzar en la reducción y cierre de las instituciones educativas estatales.
Por todo esto, desde CTERA rechazamos esta medida y sostenemos nuestra lucha inclaudicable en defensa de los Institutos Superiores de Formación Docente y de la Educación Pública.
JUNTA EJECUTIVA DE CTERA
