Nota de opinón de Stella Maldonado, Secretaria General de CTERA, a raíz de las declaraciones hechas por Monseñor Aguer, Presidente de la Comisión de Educación del Episcopado, acerca de la Ley de Educación Sexual (Ley 26.150).
Desde que logramos recuperar la democracia hace ya algo más de veinticinco años, hemos aprendido a valorar el estado de derecho y el respeto a las leyes. Hemos aprendido también que el accionar de las organizaciones de la sociedad civil puede incidir para proponer, cambiar o mejorar leyes.
Este es el caso de la Ley de Educación Sexual sancionada en nuestro país (Ley 26.150) el 04 de octubre de 2006. Su texto fue ampliamente debatido por una gran cantidad de organizaciones de derechos humanos, de salud, de defensa de los derechos de la infancia, de igualdad de género, sindicatos docentes, académicas, etc.
En su artículo 1º se establece: “entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.
Todo su articulado propone objetivos y acciones encaminados a garantizar derechos consagrados en la normativa vigente del país y en los pactos internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina, e incluidos en la reforma Constitucional de 1994.
El texto cuestionado por Monseñor Aguer es parte de un “Proyecto de Armonización de políticas públicas para la Promoción de Derechos, Salud, Educación Sexual y Prevención del VIH Sida, en el Ámbito escolar” llevado a cabo conjuntamente por los Ministerios de Salud y Educación y apoyado por Onusida. Dicho material está destinado a la formación de formadores en educación sexual.
El violento ataque del Presidente de la Comisión de Educación del Episcopado merece nuestro más enérgico rechazo no sólo por las expresiones utilizadas propias de las dictaduras militares que asolaron a nuestra república, sino porque es una convocatoria a no respetar las leyes, a no respetar el Estado de Derecho.
La información y la formación que las escuelas deben brindar a los estudiantes en materia de derechos sexuales y reproductivos debe ser científica y respetuosa de la diversidad incluyendo por supuesto la diversidad de creencias religiosas.
Causa espanto este ataque burdo a una política pública, porque de eso se trata, cuando es notorio que dicho prelado no ha pronunciado una palabra de condena para personajes tan siniestros como Christian Von Vernich, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, o para Julio Grassi condenado en primera instancia por abuso sexual agravado en la persona de niños y adolescentes que estaban bajo su cuidado.
La constitución de una sexualidad plena, sana y responsable debe ser un objetivo que se proponga la educación y será muy pertinente avanzar en este sentido para prevenir por ejemplo que niños y adolescentes sean víctimas de pedófilos que se amparan en su condición de sacerdotes para abusar de ellos.
Stella Maldonado
Secretaria General
CTERA