La CTA de las Trabajadoras y los Trabajadores (CTA-T) se encuentra presente en la 112ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la sede de la OIT en Ginebra.
En ese encuentro, Roberto Baradel, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTA y Secretario Adjunto de CTERA, dio un informe sobre la situación en la Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
Denunció, entre otras medidas: la quita de derechos laborales, los despidos en el sector público y el desfinanciamiento de la educación pública, eliminando por Decreto el FONID y la no convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
A continuación, su discurso:
“Nos encontramos en esta conferencia para discutir el Estudio General sobre los sistemas de administración del trabajo en todo el mundo, examinando y analizando el Convenio número 158 en los distintos estados miembros.
Sin duda, ambos documentos y los principios que consagran son de vital relevancia y constituyen una piedra angular para el desarrollo sostenible y la justicia social. El Estudio General resalta la importancia del Convenio y su recomendación para la organización y el funcionamiento eficiente de los sistemas de administración del trabajo.
Es necesario recordar que el Convenio número 150 y la Recomendación número 158 definen la administración del trabajo como «actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo» y destacan fundamentalmente la necesidad de recursos materiales y financieros adecuados para la creación de mecanismos de coordinación dentro y fuera de los organismos de administración del trabajo.
El estudio revela la importancia de que la administración del trabajo se adapte a los cambios o la evolución del mercado laboral, respondiendo a estos con la promoción del diálogo social, la evolución en formas laborales y la coordinación de políticas de empleo y desarrollo de recursos humanos.
Con base en lo recabado en el Estudio General, señor presidente, no puedo dejar de mencionar la situación actual en Argentina, la cual contradice la lógica de este estudio, ya que el gobierno ha promovido distintas políticas que han destruido la administración del trabajo y las políticas de empleo en general.
La nueva administración ha implementado su plan económico y social mediante normas de rango inferior, en clara violación a la Constitución Argentina, es decir, ignorando al Poder Legislativo. En este sentido, se han multiplicado y propagado una serie de decretos, resoluciones, disposiciones y decisiones administrativas que, analizadas en conjunto, constituyen un plan sistemático de cambio del patrón de acumulación que beneficia a sectores concentrados y viola de forma sistemática derechos y garantías sociales que gozan de la más alta protección constitucional.
El actual gobierno ha realizado reducciones de programas, eliminación de instituciones, desprendimiento de áreas dedicadas a derechos humanos y desarrollo social, y modificación de estructuras ministeriales dedicadas a la planificación federal, a la inversión pública, a la producción y a las políticas de empleo en general.
Así como ha degradado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en una Secretaría, en conjunto con la falta de nombramientos de funcionarios públicos con firmas en las distintas direcciones de la Administración del Trabajo.
Al mismo tiempo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 desreguló el comercio, los servicios y la industria, liberando la fijación de precios a los privados, lo cual ha resultado en la reducción de la oferta en el mercado interno y el inevitable aumento de los precios, afectando el nivel salarial real de los trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia número 84/2023 el Poder Ejecutivo Nacional ha destruido el empleo público con más de 20.000 despidos, cifra que sigue en aumento, desmantelando la administración del trabajo, especialmente en un mundo laboral en transformación, como establece el documento en estudio.
Además, ha recortado los salarios de los y las docentes, suprimiendo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que había sido parte de su salario durante más de 25 años, eliminando el presupuesto destinado a ello.
Es crucial señalar, señor Presidente, que el Estado Argentino, a través de los masivos despidos y la eliminación de áreas gubernamentales, está violando concretamente el Convenio en estudio, al vaciar las políticas destinadas a favorecer una administración del trabajo eficaz.
Por otra parte, actualmente hay un 60% de trabajadores y trabajadoras informales, incluyendo a los trabajadores independientes. En este sentido, el Convenio N° 150 destaca que la administración del trabajo debe atender las necesidades de la mayoría, promoviendo la profesionalización y mejores condiciones para todos, incluso aquellos sin relación jurídica de empleo. Es fundamental una administración del trabajo cohesionada para integrar a los trabajadores y trabajadoras informales a la formalidad.
¿Qué pensarían los participantes de esta conferencia si algunos de sus miembros afirman que “La justicia social es una aberración”?, con mucho pesar y vergüenza quiero decirle señor Presidente, que es uno de los principios rectores del actual gobierno argentino, que debemos rechazar de forma unánime!.
Para finalizar, quiero destacar que, si buscamos la creación de un futuro más inclusivo y justo, debemos asegurar desde esta casa, que nuestros sistemas de administración del trabajo sean capaces y eficientes para enfrentar un mundo laboral en constante transformación, a través de la planificación, el diálogo social y la concreción de la justicia social.
Muchas gracias».
Disertación en la CXII Conferencia de la OIT de Roberto Baradel
