El análisis realizado por CTERA sobre el proyecto de ley de presupuesto para el año 2026 da cuenta de la profundización de la política de ajuste educativo que implementa el gobierno de Javier Milei desde su asunción como presidente en diciembre de 2023.
Este proyecto de ley vulnera las garantías para el financiamiento de la educación ya que, en su artículo 30, establece la derogación de importantes disposiciones legales como: El artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional. En el proyecto presentado para el año 2025 también se había propuesto la suspensión de estos artículos por un año, y ahora se pide la derogación directamente.
A su vez, el proyecto de ley plantea que el presupuesto para la función educación y cultura será de 0,75% del PBI para 2026, muy por debajo de los valores históricos (1,41% en 2023; 1,66% en 2015). Esto significa destinar 60% más de recursos para el pago de los intereses de la Deuda que para Educación y Cultura.
La disminución en términos reales del presupuesto con respecto al año 2023 llega a casi todos los programas de la Secretaría de Educación de la Nación; esto se observa en Infraestructura y Equipamiento (-84,4%), Becas a Estudiantes (-77,4%), Acciones para la Formación Docente (-71,2%), INET (-84,5%). Desaparecen los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. En el caso del programa “Conectar Igualdad” fue devaluado a ser una actividad del programa “Infraestructura y Equipamiento” y tiene 90% menos recursos en términos reales que en 2023. El presupuesto para Comedores Escolares, incluido como una “actividad” dentro del programa “Gestión Educativa y Políticas Sociales”, disminuye un 10,6% en términos reales , también con respecto a 2023.
Ante esta situación, desde la CTERA se vuelve a exigir al Congreso de la Nación una nueva Ley de Financiamiento Educativo que incremente el Presupuesto educativo del 6 % al 8 % del PBI para garantizar el funcionamiento de Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID, aumentos salariales, infraestructura escolar acorde a las necesidades del sistema, comedores escolares, distribución de libros y notebooks, becas estudiantiles y todas las condiciones dignas para garantizar la realización de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, de manera adecuada.
El proyecto de Ley de Presupuesto para 2026
