Desde CTERA rechazamos el documento que circula con el nombre de “Proyecto de Ley de Libertad Educativa” y cuestionamos la forma antidemocrática en la que el gobierno nacional intenta imponer una reforma en la educación argentina sin proponer un genuino y profundo debate en el que se aborden los problemas reales y las condiciones del sistema educativo en el contexto actual.
El proyecto en cuestión intenta borrar todo el proceso histórico de luchas por la educación pública, desconociendo las instancias democráticas de debates plurales y construcción colectiva con las que se logró aprobar en el año 2006 una Ley de Educación Nacional en clave de derecho e inclusión socio-educativa.
No aceptamos el planteo irresponsable de la derogación de la Ley de Educación Nacional (Nro. 26.206) que fue aprobada de manera unánime por los distintos sectores del campo político, contando con un amplio acuerdo de la sociedad y de la comunidad educativa. Y mucho menos aceptamos que se la intente reemplazar por un proyecto que claramente responde a las demandas de las grandes corporaciones y del poder económico concentrado.
El proyecto de reforma que promueve La Libertad Avanza significa un cambio radical sobre el sentido de la educación, basado en el principio del derecho social y humano, para reemplazarlo por un servicio que se rige por los valores del mercado en el marco de un proyecto político de país dependiente y colonial. Por esto mismo el proyecto en cuestión insiste con la declaración de la educación como un servicio esencial, lo que no solo vulnera el derecho a la protesta social y a la huelga, sino que además profundiza la tendencia privatizadora y mercantilista en el campo educativo.
Se desmantela el rol principal e indelegable del Estado como garante del derecho a la Educación Pública y del financiamiento educativo, corriéndolo al papel de la mera subsidiariedad y trasladando la responsabilidad del gobierno y financiamiento de la educación a las familias (a través del subsidio a la demanda, vouchers educativo, vale a familias y estudiantes, créditos fiscales, etc.).
Esta reforma educativa va en tándem con el conjunto de reformas (laboral, previsional, tributaria, etc.) que impulsa este gobierno; en este sentido, vulnera el Estatuto Docente, los convenios colectivos y los acuerdos paritarios alcanzados hasta el momento, transformando de raíz las condiciones de trabajo conquistadas históricamente por el conjunto de la docencia. Entre otras cosas, pretende ubicar a las familias en el lugar propio de una patronal que podrá definir el acceso, promoción y remoción de las y los docentes y equipos directivos; y a su vez precariza el trabajo docente atando el salario y la estabilidad laboral al desempeño, e introduce una evaluación docente vinculada a los resultados de aprendizaje de los y las estudiantes.
Asimismo señalamos la gravedad de pretender modificar el Código Civil y Comercial de la Nación en lo referido a la responsabilidad civil, expresando que “el titular de un establecimiento educativo (gestión estatal o privada), responde por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallen bajo el control de la autoridad escolar…”.
Por otro lado, descentraliza responsabilidades y definiciones del marco curricular y cultural nacional desarmando todo horizonte colectivo y espacio de lo común, trasladando estas a las unidades “familia” y “escuela”. A la vez que rompe con el principio de laicidad, introduciendo la enseñanza religiosa confesional.
En definitiva, se trata de un proyecto que fragmenta el Sistema Educativo Nacional y desarticula la unidad nacional de los conocimientos y de la cultura. Queda plasmado en la redacción del documento la idea principal de desarmar “lo común” y de ir en contra de la construcción de la identidad nacional y la distribución democrática de los saberes y conocimientos. En este sentido, otro grave retroceso es el desconocimiento de las modalidades dentro del sistema educativo dejándolas al desamparo de las lógicas mercantiles, así como la ausencia de las conquistas y avances en derechos como la educación sexual integral con perspectiva de género, los derechos humanos y los conocimientos científicos, entre otros.
Aquí se evidencia fuertemente el cambio de interlocutor para la definición de las políticas públicas en educación, ya que estamos en presencia de un proyecto redactado por las grandes corporaciones, ONGs, Fundaciones y empresas privadas, Universidades Privadas, con los principios de las Alianzas Público-Privadas que promueven los Organismos multilaterales a escala global.
Para enfrentar este nuevo embate contra la educación pública nos convocamos para organizar nuevas formas de resistencias y construcciones colectivas que daremos en distintos planos y escenarios: el Parlamento, las calles, las escuelas, los espacios académicos, gremiales, culturales, sociales, los medios de comunicación, las redes sociales, en vinculación con la comunidad y con los diversos sectores de trabajadores/as y movimientos sociales.
La batalla es por una escuela pública que democratice el conocimiento, por el sentido de la educación como derecho social y humano, y por la imprescindible centralidad y responsabilidad indelegable del Estado como garante de una Educación que nos permita construir y sostener futuros colectivos con justicia social.
Junta Ejecutiva de CTERA
