El 1° de noviembre por primera vez, luego de una larga historia de organización, participación y activismo por los derechos de las mujeres, se comienza a discutir en la Comisión de Legislación Penal del Congreso de la Nación, el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que propone la despenalización y legalización del aborto para avanzar en el derecho a la vida, la salud y la autonomía de las mujeres.
Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reclamamos que este debate dé cuenta de la discusión que nuestra sociedad viene dando hace varios años y que las y los diputados se aboquen a emitir un dictamen por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, en consonancia con el proyecto presentado por esta Campaña, que lleva la firma de 50 legisladoras/es de todos los bloques con representación parlamentaria.
Hacerlo permitiría que esa Comisión emita una clara señal a favor de saldar una de las deudas internas más urgentes que la democracia tiene con los derechos humanos de las humanas, en especial con las mujeres de los sectores populares, quienes más consecuencias sufren por los abortos clandestinos practicados en condiciones de inseguridad.
Discutir reglamentar el aborto no punible, como proponen varios proyectos y uno recientemente presentado por el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega, es una maniobra dilatoria que ninguna solución traerá para las mujeres que afrontan diariamente la decisión de abortar en este país. El Código Penal en su artículo 86, desde hace 90 años, contempla causales de aborto no penalizado, se necesita de políticas públicas para su cumplimiento, no de debates legislativos. Pretender que ése es el debate necesario es negar la condición de autonomía y ciudadanía para ese medio millón de mujeres que año a año abortan clandestinamente en este país y desoir un reclamo ampliamente generalizado.
Desde la Campaña estamos organizando numerosísimas acciones en todo el país para exigir que se avance en el sentido antes propuesto. Universidades públicas nacionales, movimientos sociales, feministas, barriales, sindicales, de mujeres, de derechos humanos, estudiantiles, de prensa, trabajadoras/es de la salud, educación, justicia, mujeres de partidos políticos, han dado y siguen dando muestras de su compromiso con esta causa justa. Llamamos a las y los diputados a estar a la altura de una sociedad que sostenida y crecientemente se expresa a favor de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos.
Es responsabilidad del Parlamento Nacional dar respuestas en consonancia con la laicidad del estado, la salud de las mujeres, los derechos humanos y la justicia social.
El 1 de noviembre a la calle y al congreso por el aborto legal, seguro y gratuito
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
