Compartimos el artículo escrito por Miguel Duhalde (Secretario de Educación de CTERA) publicado en la revista Allioli de la Intersindical Valencia sobre la educación pública en el presente contexto neoliberal.
La privatización y la mercantilización se han consolidado como fuertes tendencias que se multiplican en el campo educativo a medida que se van imponiendo, en la mayoría de nuestros países, gobiernos de derecha que ejecutan políticas neoconservadoras y que llevan adelante medidas económicas neoliberales.
Estas tendencias, últimamente, han ganado terreno a escala mundial, se multiplican de manera multifacética y logran instalarse, en mayor o menor medida, según las condiciones de resistencia que encuentran en cada país.
Las formas de la privatización van desde las más sutiles, como es el caso de la filantropía, hasta las más descarnadas y cruentas iniciativas de mercantilización empresarial que hoy se da en muchos países, al calor del “giro conservador”. Incluso, en aquellos en los que hasta hace muy poco tiempo se había podido resistir este embate, como es el caso de los países de América Latina que tuvieron gobiernos populistas en estos últimos años.
Recordemos que la asunción de gobiernos democrático-populares en la región de Latinoamérica trajo aparejadas importantes transformaciones que se habían traducido tanto en la recuperación de la centralidad del Estado como en la implementación de políticas para ampliar derechos, reconstruyendo la esfera pública y cuestionamiento profundamente las políticas a favor del mercado.
En este mismo sentido, también se habían hecho grandes esfuerzos para frenar los avances de la mercantilización de la educación a escala mundial, para lo cual se firmaron acuerdos que explícitamente excluían a la educación de los Tratados de Libre Comercio, como es el caso de la declaración firmada a tal efecto por Argentina y Brasil en el año 2005.
Sin embargo, hoy observamos un proceso global de reformas del Estado, que se basan en ajustes estructurales que tienen la intencionalidad de consolidar la economía capitalista de mercado y, más aún, de instalar definitivamente la idea de “sociedad de mercado”: una sociedad con reglas del juego propias que tiende a la mercantilización de todas las relaciones sociales. “De este modo se reconfiguraron los vínculos entre la esfera pública y la privada: el ámbito público comenzó a ser cada vez más determinado por el mercado y menos por definiciones políticas de Estado, transformando al ciudadano político en consumidor de mercado. Lo público se fue desdibujando como espacio de la ciudadanía, al tiempo que el mercado adquirió un carácter público y sus criterios (competitividad, productividad, eficiencia) se establecieron como la medida de las relaciones públicas” (Lechner, 1995).
“Estas transformaciones pusieron en cuestión no sólo a la educación como asunto público sino también al papel del Estado en la definición de la agenda educativa. La reducción de la política educativa a la aplicación de “reformas” y la primacía de una racionalidad técnica basada en principios de mercado constituyeron reflejos de estas transformaciones” (Feldfeber, 2007).
Notoriamente, el proceso de privatización que se inscribe en este contexto, presenta dos dimensiones centrales: la privatización exógena, o privatización “de” la educación, que se materializa a través de la apertura a la participación del sector privado; y la privatización “en” la educación, que corresponde a una tendencia endógena, vinculada con la importación de ideas, métodos y prácticas del sector privado a fin de hacer que el sector público funcione como una empresa (Ball y Youdell, 2007).
Entre las principales formas que hoy observamos, distinguimos las siguientes:
UNO. Crecimiento sostenido -salvo especiales excepciones como el caso de Bolivia-, de la matrícula de estudiantes en la educación privada. El porcentaje de estudiantes que asisten a las escuelas privadas no ha dejado de crecer en todos los niveles de los sistemas educativos, fundamentalmente desde mediados del siglo XX. Esto se da aún en países con una fuerte tradición en defensa de la escuela pública y que han tenido, incluso, períodos de gobiernos populares que garantizaron el derecho social a la educación. Las explicaciones del fenómeno son diversas, algunos hablan de una la elección de la escuela privada como una alternativa valorada en términos de regularidad en los días de clase frente a los paros (huelgas) en las escuelas públicas; o por las preferencias ideológicas o religiosas; la búsqueda de una oferta educativa más específica; de una escuela con jornada completa (más frecuente en el sector privado); también se da la situación, en grandes conglomerados, de la falta de vacantes en el sistema público estatal. En los períodos de gobiernos de Bienestar social se han dado argumentos que vinculan el crecimiento del sector privado con las mejoras en las condiciones de vida de la población. Frente a esto, desde la derecha se sostiene que la educación privada es elegida en función del desprestigio de la educación pública y se basan para ello, entre otras cosas, en la falacia que se instala acerca de los mejores resultados que obtiene la educación privada en las evaluaciones estandarizadas nacionales e internacionales.
DOS. Sistemas de evaluaciones estandarizadas que se muestra como la solución a todos los problemas y como la posibilidad de alcanzar “la calidad educativa”. La perspectiva dominante se reduce al control, medición y ranking para justificar los ajustes en educación, depreciar la inversión estatal y comprimir el presupuesto educativo. Todo ello, con la clara intención de abonar el terreno para la privatización educativa y responder así a los intereses de las empresas que pretenden lucrar con la educación. Esta evaluación se caracteriza por ser un proceso con un abordaje tecnocrático, orientado por el paradigma economicista de la rendición de cuentas, con un criterio totalmente meritocrático, ignorando contextos e historias y produciendo una mayor segmentación de los sistema educativos. Situación que se utiliza para justificar las campañas mediáticas dirigidas a culpabilizar a las y los docentes y a sus organizaciones sindicales de la “mala calidad” de la educación en general y de la educación pública especialmente.
TRES. Incorporación de los principios de la Nueva Gestión Pública (NGP) en la educación, identificando las formas que asume la gestión de lo público, en lo que respecta a la importación de formatos pedagógicos, en las alianzas público privado y en los modelos de liderazgo educativo. Se reestructura el Estado bajo los principios del paradigma «gerencial”, aparejado a la idea de una gestión “profesional” del sector público, con la presencia de CEO´s de empresas y funcionarios formados en instituciones privadas en la gestión de programas y proyectos del sector público.
CUATRO. Líneas, ideas, técnicas y prácticas que el sector privado fomenta para que se importen-incorporen a los efectos de que las escuelas sean cada vez más parecidas a las empresas. Asimismo, se avanza en la problematización de la expansión de un modo particular de concebir los procesos y prácticas educativas, en los diferentes niveles del sistema, vinculados al ideal del emprendedorismo. Se observa el desembarco de la idea de la formación de “Recursos Humanos” con el objetivo de promover el desarrollo de capacidades requeridas por las empresas y la preparación de jóvenes para ingresarlos al mundo del trabajo en condiciones de precariedad laboral y de vulneración de los derechos de los trabajadores. Es decir, la preparación de mano de obra barata adaptada a los requerimientos del mercado.
CINCO. Convenios y acuerdos suscriptos por los Ministerios de Educación con empresas privadas nacionales e internacionales, Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y fundaciones vinculadas al ámbito educativo, y universidades privadas. De este modo, los referentes del sector privado se transforman en los interlocutores privilegiados a la hora de definir las políticas públicas en educación al tiempo que encuentran en la educación un nuevo ámbito para sus negocios en la medida en que gran parte de los funcionarios gubernamentales tienen relación directa o bien son accionistas, gerentes, consultores, asesores o dueños de las empresas privadas, ONGs o fundaciones que se presentan para hacer sus negocios con la educación.
En general, hoy observamos que en el marco de los proyectos de restauración conservadora que están proliferando en la región, se recuperan algunos de los principios que orientaron las reformas implementadas en la década del ´90 al tiempo que se avanza en la introducción de valores vinculados con el mundo empresarial y con la apertura del sistema educativo a distintos tipos de negocios del sector privado.
Las políticas que implementan en el área educativa, así como las alianzas que establece con los actores privados, promueven valores como el liderazgo, el cambio y la innovación como sinónimos de mejora, el emprendedorismo, la meritocracia, y la rendición de cuentas (“acountability”) a partir de la medición y evaluación de resultados a través de pruebas estandarizadas.
Hoy presenciamos una clara apertura del sistema educativo a los negocios privados, y la intervención de empresas y fundaciones que participan directamente en la implementación de políticas y programas educativos.
Los interlocutores privilegiados de las autoridades educativas son las ONGs, los empresarios, las universidades privadas, entre otros, mientras que se recurre a una descalificación de los sindicatos docentes e incluso a ataques directos a algunos de sus principales dirigentes, con la clara intención de la destrucción de la Educación Pública.
He aquí, la batalla de fondo que libran hoy las organizaciones Sindiacles que no resignan la defenssa de los derechos de la clase obrea, de la escuela pública y de un proyecto político emancipador.