El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Nora María Cabrera y Juan Leopoldo Velázquez, dictó hoy el veredicto a los cinco acusados por la «Masacre de Trelew», en el juicio sobre el fusilamiento de 19 presos políticos el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew,durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. El TOF sentenció a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al ex capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, al ex cabo primero Carlos Marandino y al ex capitán Emilio del Real. Mientras que resolvió absolver al ex capitán de navío Rubén Paccagnini, y al ex capitán Jorge Enrique Bautista (este último estaba acusado de encubrimiento). Los hechos del 22 de agosto de 1972 fueron calificados como delitos de lesa humanidad.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Nora María Cabrera y Juan Leopoldo Velázquez, dictó hoy el veredicto a los cinco acusados por la «Masacre de Trelew», en el juicio sobre el fusilamiento de 19 presos políticos el 22 de agosto de 1972 en la base aeronaval Almirante Zar de Trelew,durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. El TOF sentenció a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al ex capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, al ex cabo primero Carlos Marandino y al ex capitán Emilio del Real. Mientras que resolvió absolver al ex capitán de navío Rubén Paccagnini, y al ex capitán Jorge Enrique Bautista (este último estaba acusado de encubrimiento). Los hechos del 22 de agosto de 1972 fueron calificados como delitos de lesa humanidad.
La lectura de la sentencia se desarrolló en el cine teatro del Centro Cultural Municipal «José Hernández» de Rawson, la capital de Chubut, donde se llevaron a cabo las audiencias desde mayo, cuando tuvo comienzo el juicio. Allí estuvieron presentes Horacio Pietragalla (Diputado Nacional FPV), Rogelio De Leonardi (Secretario de DDHH de CTERA), Luis Gianini (Sec. General de la CTA Rio Negro), Pablo Reyner (Secretario de Derechos Humanos de CTA), Martín Fresneda (Sec. de Derechos Humanos de la Nación), Eduardo Lovizzio (Sec. de DDHH de ATECH), Hilda Bonardi de Toschi y Alicia de Bonet (ambas compañeras de los militantes políticos fusilados entre otros familiares. Acompañaron la lectura organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales, entre ellos H.I.J.O.S. y la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut.
Rogelio De Leonardi se refirió al veredicto como “una sentencia histórica, sin dudas, aunque cumple parcialmente con las expectativas y los pedidos de la fiscalía y las querellas”. Además expresó “la satisfacción de la Secretaría de Derechos Humanos de CTERA ante esta sentencia. Asimismo seguimos pidiendo la extradición de Bravo, uno de los fusiladores que se encuentra en Estados Unidos, país que niega su extradición”. De Leonardi rescató lo “significativo” del juicio, ya que “se trata de los prolegómenos de la dictadura, previo, también, al golpe militar que derrocó a Salvador Allende en Chile y significa la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Interior y los métodos del terror que luego implementará sistemáticamente la dictadura cívico militar desde 1976.”
Esta vez fue transmitido en vivo en www.memoriaenmovimiento.gov.ar, impulsado por el programa Memoria en Movimiento instrumentado por la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación.
El juicio de instrucción por el juez federal Hugo Sastre, de Rawson, comenzó hace 6 años y las audiencias del juicio oral hace casi 5 meses. Hubo otros dos imputados que no llegaron a ser juzgados, son por su salud, Horacio Mayorga (era el responsable militar de la Base Naval), y el ex teniente de fragata Roberto Guillermo Bravo, sobre quien la justicia de los Estados Unidos negó la extradición en el 2008. Por otra parte el ex- capitán Raúl Herrera, ya fallecido, declaró hace unos años en la justicia civil dando detalles del encubrimiento y objetando parcialmente la versión de la dictadura. Los acusados llegaron al juicio en libertad, por lo que el abogado Eduardo Hualpa, que representa a los familiares de las víctimas familias, pidió la inmediata detención de los asesinos.
Los militantes asesinados fueron Susana Graciela Lesgart, Mariano Pujadas y María Angélica Sabelli de Montoneros; Rubén Pedro Bonet, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Eduardo Adolfo Capello, Carlos del Rey, José Mena, Jorge Alejandro Ulla, Miguel Angel Volpi, Mario Emilio Delfino, Miguel Angel Polti y Humberto Toschi del PRT-ERP y Carlos Heriberto Astudillo y Alfredo Elías Kohon de las FAR. También fueron fusilados Ricardo René Haidar de Montoneros, María Antonia Berger y Alberto Miguel Camps de las FAR, pero quedaron heridos y pudieron relatar lo que pasó. De los tres Haidar y Berger fueron desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, y Camps fue asesinado.
La Masacre de Trelew
Una semana antes del fusilamiento 25 presos políticos habían logrado fugar del penal de Rawson, mientras otros 110 presos políticos mantenían tomado el penal. Pero por diversos problemas y desintelignecias entre los grupos de apoyo sólo seis pudieron huir en un avión de la empresa Austral, primero fueron a Chile y luego a Cuba. Estos fueron Marcos Osatinsky, Mario Roberto Santucho, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, junto a ellos viajaron los del comando de apoyo que habían secuestrado el avión, entre ellos Anita Weissen y el «gallego» Víctor Fernández Palmeiro.
Los otros 19 quedaron rodeados en el aeropuerto de Trelew, hasta que , por la mediación del juez federal Alejandro Godoy, varios periodistas y abogados, los militantes depusieron las armas y se entregaron al ex capitán Sosa que los trasladó a ala base naval Almirante Zar en companía del Juez, el abogado Mario Abel Amaya y dos periodistas locales, pero a estos no los dejaron entrar. Después tampoco pudieron recibir a sus familiares ni a los abogados locales como Amaya (detenido el 16 de agosto), Hipólito Solari Yrigoyen, y menos a Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde y Carlos González Gartland, entre otros que tuvieron muchas dificultades para acercarse a la ciudad por el estado de emergencia declarado por el dictador Lanusse. También resultaron infructuosas las peticiones a los jueces de la recientemente creada Cámara federal en lo Penal (el Camarón), para ocuparse de los delitos que la dictadura atribuía a los suversivos. En la madrugada del 22 de agosto el ex Capitán Sosa junto a Carlos Marandino, Emilio del Real, Roberto Bravo, y el ex capitán Herrera sacaron a los presos de sus celdas los hicieron formar de a uno y, sin decir nada comenzaron a disparar. El primero en iniciar fuego fue Marandino, luego se remataron a algunos. La decisión del asesinato la había tomado Lanusse con otros militares como el ex brigadier Rey, y el ex almirante Natal Coda.
La versión oficial relataba que en esa madrugada se habría producido un nuevo intento de fuga, que terminó con 16 muertos y tres heridos entre los prisioneros, pero sin bajas ni heridos entre los marinos. En la noche de ese día la dictadura sancionó el decreto-ley 19.797 que prohibía toda difusión de informaciones que se puedan atribuir a organizaciones guerrilleras.
Menos de dos meses después, y especialmente entre el 12 y el 16 de octubre, el pueblo de Trelew se levantó, en una insurrección popular, contra la dictadura de Lanusse, que había ocupado militarmente el día 11 a la ciudad, y donde se allanaba y detenía indiscriminadamente a los ciudadanos, a esta resistencia popular se la llamó el Trelewazo.
Rawson, 15 de octubre de 2012.
Lectura de la sentencia, Telam: ABRIR
Secretaría de Derechos Humanos
CTERA
