La Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, obtuvo un dictamen de mayoría para declarar a la Educación como un “Servicio estratégico esencial”. Este dictamen, enfáticamente impulsado y defendido por el presidente de esta Comisión, Alejandro Finnochiaro, y por Diputados/as del PRO, de La Libertad Avanza, del Radicalismo y de la Coalición Cívica, pretende limitar el derecho constitucional a huelga, como así también modificar la Ley de Educación Nacional, hoy vigente, cuyo principio fundamental es la definición de la Educación como un “Derecho”.
La Secretaria General, Sonia Alesso, junto a miembros de la Junta Ejecutiva de la CTERA estuvieron presentes en la reunión de la Comisión para aportar documentación y fundamentos legales, políticos y pedagógicos en defensa de la definición de la educación como derecho y en contra de las posiciones que pretenden convertirla en un servicio más y así vulnerar los derechos de las y los trabajadores de la educación.
Los DERECHOS se EJERCEN y deben ser garantizados por el Estado, en cambio los SERVICIOS, se PRESTAN y la educación no puede ser considerada como “una prestación de servicio”, ni tampoco habilitar mecanismos propios de la “contratación de servicios” en el campo educativo, ya que, desde esta concepción, se avanza hacia la comercialización del sistema educativo y el financiamiento de la demanda, propias de los sistemas de voucherización educativa.
Desde CTERA planteamos que no se puede plantear semejante transformación en la concepción de la educación desconociendo que Ley de Educación Nacional vigente, es el resultado de un proceso histórico de pleno ejercicio democrático y construcción colectiva, llevado a cabo con la participación de especialistas en educación, legisladores de todo el arco político, comunidades educativas, organizaciones sociales y sindicales y aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional en el año 2006.
Es una verdadera irresponsabilidad democrática desconocer este proceso y pretender declarar a la educación como un servicio, sólo teniendo en cuenta los proyectos presentados por un sector de los legisladores que, por lo visto durante la reunión de referencia (en la cual se negó el pedido de palabra a nuestra representación), han dejado a las claras que el verdadero objetivo no es mejorar la educación, sino atacar directamente a la docencia vulnerando nuestro derecho constitucional a la protesta social y a la huelga. En este sentido, ha sido muy triste observar, por un lado, la precariedad de fundamentos y desconocimiento sobre la realidad educativa que tienen los legisladores de estos bloques representantes de la derecha y, por otro lado, también resultó muy lamentable presenciar el ataque permanente, cargado de odio y agresividad, hacia la docencia y las organizaciones sindicales.
El proyecto aprobado, entre otras aberraciones, habla de “guardias mínimas” lo que deja en clara evidencia la concepción reduccionista de la educación, entendiendo a la escuela como a una “guardería” y no como una institución educativa o una cultura institucional en la que se desarrollan procesos complejos de enseñanza y de aprendizaje.
Esta propuesta de “guardias mínima” no solo remite, lamentablemente, a la idea autoritaria del maestro/gendarme, el que “guarda” y vigila a las y los estudiantes, sino que además revela que lo único que les importa es que el/la estudiante esté “adentro” de la escuela, independientemente de lo que se haga en el sentido pedagógico. El proyecto habla de garantizar guardias durante las medidas de fuerza que van desde el 30% al 50% del personal. Imaginemos lo que pasaría en una escuela con todos los estudiantes y la mitad del personal a cargo.
El proyecto habla también de una “campaña de concientización” sobre la idea de la educación como servicio. Desde nuestra perspectiva, esto es lo más parecido a un verdadero intento de “adoctrinamiento”, en el que las autoridades saldrían a “propagandear” una idea rápidamente cocinada en el Congreso por el sector de la derecha, sin haber promovido antes, las debidas instancias de participación democrática para que, de manera amplia y plural, se pueda reflexionar con las maestras y maestros, con las y los estudiantes, con las y los especialistas en educación acerca de lo que significa el DERECHO SOCIAL A LA EDUCACIÓN en el contexto actual.
Lo que tendrían que hacer desde el Estado es garantizar el Presupuesto Educativo suficiente a los efectos de contar con las condiciones de trabajo adecuadas para los docentes y para las y los estudiantes y de esa manera no habría problemas de “inasistencia”.
Lo que hoy hace falta, es proponer políticas educativas que mejoren al sistema en clave de derechos y que no conviertan a la educación en un servicio o una mercancía más.
