En la Argentina de hoy, gobernada desde hace más de seis meses por Javier Milei y signada por la voluntad de destrucción de lo público, se ha lanzado, como única propuesta de política educativa a escala nacional, un “nuevo” Plan Nacional de Alfabetización. Propuesta que, en principio, podría perecer “positiva” frente a las otras medidas tomadas hasta el momento por el gobierno nacional en el campo educativo, pero que, sin embargo, adscribe solapadamente a las demás, que sólo dan cuenta de un brutal ajuste del presupuesto, del incumplimiento de las leyes de Educación y de Financiamiento educativo, de la baja en los salarios docentes (por la interrupción del pago del FONID y por desactivación de las paritarias), de la interrupción de programas nacionales (copa de leche y comedores escolares, distribución de libros, distribución de computadores, extensión horaria de la jornada escolar), del desmantelamiento del programa de formación permanente en ejercicio y gratuito “Nuestra Escuela” y de reiterados intentos de declarar a la educación como un servicio (para que deje de ser un derecho), entre otras.
Desde la CTERA queremos dejar sentado nuestro posicionamiento respecto de este Plan, sobre todo porque siempre hemos valorado las propuestas de alfabetización que parten por entender a la lectura y a la escritura como procesos que conforman una práctica social contextualizada. Es decir, que van más allá de la enseñanza de una técnica, basada en oralizar un texto o realizar el trazado de las letras, creyendo que, a partir de la dominación de esa técnica, luego surgiría la lectura comprensiva o la escritura eficaz.
En tal sentido, consideramos que esta política educativa impulsada por el gobierno nacional, plasmada en el “Plan de Alfabetización”: 1) parte de un diagnóstico incompleto y sesgado, 2) se realiza en el marco de un brutal ajuste del presupuesto educativo y desfinanciamiento de los principales programa socioeducativos, 3) promueve las tendencias privatizadoras de la educación, y 4) se sustenta en una concepción tecnocrática, reduccionista, cientificista y autoritaria de la alfabetización en particular y de la educación en general.
En primer lugar, afirmamos que el diagnóstico sobre el cual se fundamenta el Plan de Alfabetización es incompleto y sesgado, ya que política y mediáticamente se sale a “sentenciar” con titulares como “los niños de tercer grado no saben leer”, cuando la información da cuenta de una diversidad de situaciones que van más allá de este reduccionismo que impone el gobierno, basándose únicamente en el resultado del operativo de evaluación (Aprender) que, hasta metodológicamente, es muy cuestionado, en tanto sólo toma el dato que arroja una prueba estandarizada que, tal como lo venimos denunciando, no da cuenta de los diversos procesos que se producen en cada contexto jurisdiccional, curricular y/o cultural.
La otra razón de nuestro cuestionamiento radica en que el gobierno nacional pretende llevar a cabo este plan en el marco de una política neoliberal de ajuste presupuestario. Así, paradójicamente, se pretende alfabetizar mientras se interrumpe la distribución de libros, se restringen las partidas presupuestarias para garantizar la alimentación de las y los alumnos, se quita la hora de extensión de la jornada que se había incorporado el año pasado para la educación primaria y se somete a condiciones socioeconómicas cada vez peores tanto a las familias como a la docencia en su conjunto. Está totalmente demostrado que las y los estudiantes de los sectores más vulnerados son quienes más dificultades tienen para avanzar con sus aprendizajes; hasta las mismas pruebas estandarizadas dan cuenta de esta situación.
También cuestionamos la profundización de la tendencia privatizadora que este plan promueve, habilitando la injerencia del sector privado en cuestiones de Estado y en definiciones de política pública en educación. Basta repasar las declaraciones de la Directora de Campañas de “Argentinos por la Educación”, para dar cuenta de esta situación: “El año pasado lanzamos la Campaña Nacional por la Alfabetización con un enorme desafío: lograr que la alfabetización sea una prioridad en la política educativa (…) y logramos que el tema esté presente en la opinión pública y que tanto el gobierno nacional como más de la mitad de los gobiernos provinciales adhieran al compromiso por la alfabetización”. En sintonía, la coordinadora de Relaciones Gubernamentales de la misma ONG afirma: “Afortunadamente, tanto la Nación como las provincias presentaron sus planes sobre alfabetización y vamos a seguir de cerca la implementación (…) empezamos ahora la etapa de monitoreo”.
El accionar propio del sector privado en este sentido no es ninguna novedad, lo que hoy nos preocupa es la marcada genuflexión que muestran las actuales autoridades frente a dicho sector. Tal como ya habíamos observado durante el macrismo -con el desmantelamiento de la DINIECE y la creación ad hoc, apadrinada por el ex ministro de educción Esteben Bullrich, del “Observatorio Argentinos por la Educación”-, las empresas privadas dedicadas a hacer negocios con la educación, las ONGs y las Fundaciones recobran su protagonismo. Mientras el gobierno actual decide deliberadamente cambiar de interlocutores, dejando de lado a las Instituciones de Educación Superior Públicas, a las Organizaciones sindicales y a los Movimientos pedagógicos que tienen vasta trayectoria y experiencia en el tema, reduciendo las definiciones del campo educativo a los imperativos de los valores del mercado.
Finalmente, consideramos que este Plan de Alfabetización representa notoriamente la implantación del modelo neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político, en correspondencia con la política general del gobierno actual que, por un lado, pretende destruir todo lo que sea público y, por otro, avanza con la imposición de ideas reaccionarias propias del pensamiento de la derecha que hoy se expande por todo el mundo.
En la 132ª Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE) se refrendó este Plan de Alfabetización con una resolución que plantea la “libertad de método”, para que cada provincia pueda llevarlo a cabo según lo considere pertinente. Al respecto, el Secretario de Educación de la Nación manifestó que “se creará una unidad que trabajará en forma transversal para acompañar la implementación de los programas en cada jurisdicción”; sin embargo, la creación de esta unidad aún no se ha concretado, estamos a la mitad del ciclo lectivo 2024 y ya muchas provincias están avanzando con su implementación desde concepciones tecnocráticas, reduccionistas, cientificistas e, incluso, autoritarias.
Es en este sentido que expresamos nuestra preocupación y profundo cuestionamiento respecto de las decisiones pedagógicas y metodológicas que se sostienen en estas provincias que recurren, como único método, a los fundamentos del “desarrollo de la conciencia fonológica”. Creemos que trabajar con el “valor sonoro de cada letra”, la “lectura en eco”, la “correspondencia entre letras y sonidos” o apelar a la utilización de los “instrumentos de la ciencia de la lectura”, significan un verdadero retroceso en la educación argentina. Desde los medios de comunicación hegemónicos también se avanza en esta línea de formación de opinión pública; y nos encontramos periódicamente con notas que tratan de instalar la idea de que “hay que volver al método fónico tradicional: a cada sonido corresponde una letra y las palabras están formadas por letras; así de sencillo, y de probada eficacia” (Infobae, 4 de mayo de 2024).
Esta posición pedagógica que cuestionamos también desconoce la existencia de la “unidad pedagógica” refrendada por la Resolución N° 174 del CFE, ya que sus referentes sentencian que todas las niñas y niños tienen que aprender a leer y escribir en primer grado, independientemente de su situación, condición y trayectoria educativa.
Preocupa el giro cientificista que se está imponiendo en aquellas provincias abocadas en llevar adelante este Plan, como Mendoza, San Luis, Corrientes, sumándose ahora Chubut, Santa Fe, y Entre Ríos, quienes tienen en cuenta a especialistas, como Borzone, que plantean “la necesidad de liberar a la alfabetización de ciertos paradigmas basados en la ideología y no en la evidencia científica”. Creíamos que a esta altura de la civilización ya no hacía falta aclarar que la noción de “evidencia científica” justamente responde a la ideología racionalista y que, por el contrario, todo conocimiento científico se produce en un contexto socio-histórico en el que resulta imposible la “objetividad”. Los sujetos sociales producen conocimientos (entre ellos, conocimiento científico) en el marco de determinadas relaciones sociales de poder, y lo hacen siempre desde un lugar, una posición, un paradigma.
Asimismo, esta lingüista, referente de la postura oficial, ni siquiera reconoce la sobredeterminación que opera en los procesos de aprendizaje, llegando al punto de afirmar, por ejemplo, que “la pandemia no hizo absolutamente nada, porque las maestras siguieron trabajando a través de Zoom”. Es evidente el desconocimiento de las desigualdades existentes, la falta de respeto y consideración de las diversas trayectorias educativas, así como de los diferentes estados de conocimiento en relación con la escritura y la lectura con los que llegan las niñas y los niños a la escuela. Desconocer esto, y no proponer una enseñanza que reconozca la diversidad, es contribuir a la profundización de las desigualdades.
Frente a todo esto, lo más grave es que dicha “especialista-consultora” diagnostica “una epidemia de analfabetismo”, como si se tratara de enfermedades, sentenciando autoritariamente: “Yo declararía la emergencia educativa. Y evaluaría a fin de primer grado. Les damos los instrumentos, les damos las herramientas, les damos la capacitación: Si no los quieren tomar y esos chicos no aprenden, van a tener que responder: juicio penal”.
Desde nuestra perspectiva sostenemos que la problemática actual respecto a la alfabetización no es una “epidemia” y que las posibles soluciones no pasan por la judicialización de la docencia, sino por generar las condiciones para una enseñanza en la que se reconozcan los diferentes estados de conocimiento de los chicos y de las chicas, dejando de lado el imperativo de que todos aprendan lo mismo al mismo tiempo. Lo que urge es implementar políticas públicas que garanticen las condiciones para sostener una enseñanza que supere los reduccionismos de creer que aprender a leer y a escribir se resuelve simplemente con la aplicación de una técnica.
Leer y escribir cotidianamente en la escuela es un desafío que abarca la disponibilidad de libros, el encuentro de las y los docentes con equipos que habiliten el trabajo desde los inicios de la escolaridad hasta el egreso de modo de promover la autonomía frente a lectura de un texto y la disposición para escribir con solvencia. Los requisitos sociales y laborales, en la actualidad, van más allá del deletreo. Sabemos que una niña o niño que ha estado en contacto con lectores aprenderá más fácilmente a escribir y a leer que aquellos que no lo han tenido.
Pero también sabemos que el acceso y posibilidades de todas las chicas y chicos al mundo letrado es responsabilidad de la escuela. Por lo tanto es imprescindible ir en pos de una lectura en la que se explora y comparan las diferentes interpretaciones, que se analiza desde el primer día de clases hasta el final de la escolaridad, lo dicho y lo no dicho, las intenciones de los personajes, el lugar del/la narrador/a, entre otros aspectos que hacen de las y los chicos lectores con herramientas que configuren un/a ciudadano/a que puede enfrentar la diversidad de territorios que brindan los universos presentes y la multiplicidad de textos a la que se enfrentarán como ciudadanos/as plenos/as.
