La Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condenan de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por el Ministerio de Seguridad de la República Argentina. Esta medida, bajo el pretexto de establecer un “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación,” otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales. Es particularmente alarmante que esta resolución prescinda de garantías judiciales posibilitando la identificación de los/as manifestantes, introduciendo una burda discriminación por razones de nacionalidad, creando un registro de organizaciones participantes de movilizaciones y abriendo el curso a demandas judiciales contra personas y organizaciones para resarcir “los costos operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos”. Más aún, este paso autoritario se da en medio de un contexto económico tenso, donde el gobierno implementa un brutal ajuste fiscal que sin lugar a duda traerá consecuencias sociales devastadoras. Resulta evidente que, bajo el falso pretexto de mantener el orden y supuestamente abordar “el impedimento al tránsito”, el gobierno argentino la verdad busca suprimir las legítimas manifestaciones públicas contra los efectos brutales de sus propias políticas. La CSI y la CSA denuncian firmemente estas acciones como un claro retroceso en términos de derechos y libertades fundamentales. Exhortamos al gobierno argentino a reconsiderar de inmediato esta resolución y a respetar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de los y las trabajadoras. Llamamos a la comunidad internacional a unirse en la condena de estas medidas autoritarias y a mantenerse alerta ante cualquier intento de socavar la democracia y los derechos civiles en Argentina. Esta resolución no solo es un ataque directo a las libertades fundamentales, sino también un intento descarado de silenciar la voz del pueblo argentino en un momento crucial para el país. La CSI y la CSA instan al gobierno a rectificar su curso y a comprometerse verdaderamente con la protección de los derechos democráticos y sociales en Argentina. Finalmente expresamos nuestra solidaridad y total apoyo al movimiento sindical y social del país y en especial a nuestras centrales afiliadas CGT, CTA-T y CTA-A.
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LA CSI Y LA CSA RECHAZAN LA RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO ARGENTINO QUE CRIMINALIZA LA PROTESTA SOCIAL Y LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
