A inicios del siglo XIX la mayoría de los/as trabajadores, en el marco del desarrollo de la Revolución industrial, en Inglaterra, eran niños/as a partir de cinco, siete años. No existía legislación que los protegiera de trabajos que se realizaban en condiciones peligrosas, deplorables e insalubres que podían culminar en su propia muerte, en fábricas, molinos, fincas, minas, etc. El capitalismo necesitaba mano de obra joven, analfabeta, que no se quejara de la explotación ni del magro salario y recién a comienzos de 1800 se sancionan las primeras leyes de protección del trabajo de los/as niños/as.
Por estos días el gobierno nacional y algunos de sus viejos y desteñidos figurones, representantes de la más rancia oligarquía, ahora diversificada con representantes de la fracción financiera de la élite económica, sostienen que hay que volver a la Argentina de fines del siglo XIX. A la del trabajo sin derechos, con extensas jornadas laborales sin fin ni descanso, sin salario. Esto es volver a esas condiciones de explotación del trabajo, como el de las zafras o de los quebrachales, para mencionar algunas, en las que eran sometidos/as desde adultos/as mayores hasta niños/as a condiciones infrahumanas de vida y de trabajo, ensañándose especialmente en someter a las comunidades originarias.
La derecha y extrema derecha, neoliberal, libertaria, se saltea el siglo XX, justamente aquellos períodos en los que se van a sancionar un cúmulo de leyes importantes para la protección de los derechos de los trabajadores/as (Yrigoyen/Perón) y de las niñeces. Donde la educación cobrará un lugar central en las políticas de Estado, ampliando derechos e interviniendo en la determinación de las reglas del mercado. Por ello la derecha actualmente impulsa un DNU y otras leyes para reformar los derechos laborales conquistados históricamente, y para desfinanciar a la educación pública, entre otros campos.
En la segunda mitad de ese mismo siglo, las Naciones Unidas sanciona la Convención Internacional de Derechos del Niño. La Argentina ratificó la convención en 1990 sancionando la Ley 23.489, dándole rango constitucional a partir de 1994. El 28 de septiembre de 2005 se sancionó la Ley 26.061 que crea un Sistema de Protección Integral de Derechos de niños, niñas y adolescentes, considerando a estos como sujetos de derecho. Tiene aplicación obligatoria y son derechos y garantías irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransferibles. A partir de 2003 en el marco de una nueva etapa en Latinoamérica, asume el gobierno Néstor Kirchner y se elaboran una serie de legislaciones que retoman las luchas y resistencias contra el neoliberalismo, particularmente se sanciona la Ley de Educación Nacional (LEN 26.206) que va a extender derechos y garantías para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, expresados en el derecho social a la educación, en la extensión de la obligatoriedad del Estado, con el objetivo de garantizar la educación inicial, primaria y secundaria en todo el territorio nacional.
Un adolescente, según la Ley 26.061, puede desarrollar tareas laborales “de acuerdo a las restricciones de las leyes vigentes y los convenios internacionales de erradicación del trabajo infantil” y a su vez según la LEN debe cumplir los tramos educativos obligatorios. Plantear que “libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller puedas hacerlo” es de una hipocresía de “alta cuna” porque propone la libertad de elegir la explotación y no la de transformar la realidad. Es un concepto político pedagógico el que se plantea, e intenta adoctrinar en la teoría de la opresión.
El autor de estas palabras pretende desconocer la Convención que taxativamente expresa que “los niños son sujetos de derecho”. Ignora que la Ley 24.389 obliga a los Estados firmantes a “reconocer el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación”.
Lo que sí reconoce, devenida de viejas recetas ya aplicadas, es la cruel oportunidad para promover que las familias sean quienes sometan a una condición laboral a sus propios hijos/as, en un contexto de profundo deterioro de las condiciones de vida. Aunque habla del propio taller familiar, para disminuir el impacto de su propuesta, entre líneas se lee la demanda histórica de sectores empresariales, que se encamina a que se habilite el trabajo infantil a cualquier condición, vulnerando derechos, entre ellos el derecho a la educación. E incluso puede aportar al argumento de que “en la escuela no se enseña ni se aprende” consigna reiterada por los gobiernos neoliberales para justificar el desfinanciamiento de la educación pública. Aun cuando actualmente hay un reclamo social de amplios sectores por el cumplimiento del envío nacional de fondos educativos, expresado por Ministros de Educación y gobiernos provinciales.
La mayor libertad para las familias, los pibes y las pibas surge del efectivo cumplimiento de los derechos a la educación y la cultura, entre otros. Es el conocimiento el que permite la liberación, la emancipación social. Los procesos de movilidad social ascendente se dan a partir de quienes pueden transitar todos los tramos educativos, incluida la educación superior, posibilitando un mejor acceso al trabajo y salarios dignos.
Son tiempos críticos para las familias, pero aún en este contexto la educación sigue siendo fundamental en este presente para modificar el futuro.
A partir de políticas de Estado, en lo que va del siglo XXI, se dan las primeras generaciones de jóvenes de sectores populares que completaron la educación secundaria y accedieron a la educación superior. Hoy ya son docentes, científicos/as, ingenieros/as, arquitectos/as, abogados/as, investigadores/as, etc.
En Argentina, los trabajadores y las trabajadoras de la educación y las comunidades educativas seguimos construyendo educación pública como la mayor barrera a la explotación y al sometimiento.
Demandamos que el Estado, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes, sea el garante y responsable principal de los derechos para nuestras niñeces y adolescencias a través de recursos y políticas públicas que los efectivicen.
Somos promotores y hacedores de las pedagogías que sostienen que la educación pública es la mejor herramienta social, cultural y de institucionalidad pública para constituir ciudadanas y ciudadanos críticos, libres, solidarios, democráticos, constructores de conocimientos para transformar colectivamente la realidad.
¡¡La lucha de CTERA y nuestro Pueblo por la Educación Pública y los Derechos de Nuestros Pibes y Pibas sigue en pie, con fuerza, dignidad y esperanza!!!
Buenos Aires, miércoles 10 de abril 2024
JUNTA EJECUTIVA DE CTERA
