«UN AÑO DE RETROCESO PARA EL DERECHO SOCIAL EN LA ARGENTINA.»
A lo largo de un año de implementación de políticas educativas neoliberales llevadas adelante por el Gobierno de Mauricio Macri, no ha habido una sola medida en favor de la educación en la Argentina; por el contrario, todo es desmantelamiento, subejecución, ajuste, vaciamiento e intento de destrucción de la escuela pública.
Esto se observa desde la misma constitución del «equipo» a cargo del Ministerio de Educación y «Deportes», el cual tiene entre sus principales cargos a funcionarios que carecen de formación y experiencia en la educación pública, y que sólo cuentan con antecedentes laborales en empresas y una formación muy limitada, llevada a cabo en instituciones privadas; comenzando por el propio ministro Esteban Bullrich que ostenta un título de «analista de sistema» obtenido en una universidad privada y un máster en Administración de empresas de la Escuela Kellogg, EE.UU.
Desde el inicio, esta gestión ha puesto el énfasis en la «evaluación» y no en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Redujeron la concepción de «educación de calidad» a principios meritocráticos y «devaluaron» la idea de evaluación a una simple prueba para la medición estandarizada de las capacidades. Muestra clara de todo esto fue el operativo «APRENDER 2016», fuertemente rechazado por la comunidad, y la valoración de los resultados obtenidos por la Argentina en las pruebas PISA 2015, donde quedó en evidencia la manipulación del gobierno y la clara vinculación de sus funcionarios con la OCDE y con la empresa Pearson de la cual algunos de ellos son lobistas, como es el caso de Sanchez Zinny (Dr. INET).
La idea sobre «la evaluación como un fin en sí mismo», es impulsada por Bullrich, quien desde el comienzo intenta imponer un Instituto Nacional de Evaluación como un ente «autónomo», con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y operativa, que hasta tendría la potestad para dictar su organización interna; algo así como una ONG para hacerse cargo de la evaluación de los docentes y los estudiantes argentinos, dejando abierta la posibilidad de obtener financiamiento de organismos internacionales, quienes podrían direccionar e influir sobre las políticas de evaluación desde las perspectivas que a nivel mundial se imponen como tendencias privatizadoras y mercantilizadoras de la educación.
El desfinanciamiento educativo y la subejecución del presupuesto fue otra constante de esta gestión. Lo más flagrante, en este sentido, es el desmantelamiento de los programas socioeducativos nacionales y de formación docente, que no sólo han significado el despido y precarización de miles de trabajadores/as, sino que además deja en clara evidencia el retiro del Estado nacional como garante de políticas inclusivas y de igualdad para todo el país. Entre las principales medidas están:
– «Apagón informático»: Se desmantela el plan «Conectar Igualdad», despidiendo a trabajadores/as y, como consecuencia de ello, no se pudo asesor a escuelas primarias y secundarias, viéndose afectados los desarrollos del sistema de manuales y las fuentes de contenidos utilizados por más de 20 mil escuelas. La desarticulación de este programa implica que más de 5,3 millones de netbooks dejan de contar con el soporte online. Lo que también abre la posibilidad de salir a buscar «alternativas»; esto ya se vio en el viaje del presidente Macri a Davos: «reunión con Microsoft, Google y Facebook para llevar a cabo nuevos negocios en el país».
– Interrupción de «Nuestra Escuela»: El Ministerio incumplió con el acuerdo paritario que regula el Programa Nacional de Formación Permanente y en Ejercicio. Interrumpió abruptamente el desarrollo y la secuencia temática del Programa acordado en Mesa Técnica Paritaria, reduciendo el plan a la formación en la temática de «comprensión lectora» y la «producción de textos». Es decir, temática única, limitada a un aspecto metodológico de la enseñanza, desestimándose la profundización sobre la comprensión de los contextos político, sociales y pedagógicos. No se realizaron las jornadas institucionales; tampoco se abrió la convocatoria para la realización de cursos específicos gratuitos para los docentes. Se cerraron los cursos y postítulos de la plataforma virtual que beneficiaban a más de 200.000 docentes que podían acceder a la formación gratuita desde cualquier punto del país; y para ello se procedió a dejar sin trabajo a 2600 coordinadores de estos cursos virtuales.
– Seudo-federalización del sistema: Este desguace de los programas socioeducativos nacionales se completa con una estrategia de descentralización a través de la creación de la figura de «fondos rotativos», que consiste en el envío de financiamiento a las provincias para que las mismas realicen proyectos descentralizados, sin coherencia sistémica, ni anclaje federal, generando más desigualdad entre las regiones.
– Ajuste presupuestario: El proyecto de presupuesto 2017 presentado por el Ejecutivo, acentúa los problemas estructurales del Sistema Educativo y del Sistema de Ciencia y Tecnología, ya que en él se proponen mayores niveles de endeudamiento, en detrimento del presupuesto destinado a la educación. Lo que significa un serio inconveniente para lograr, tal como reclamamos desde CTERA: llegar al 10 % del PBI.
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