El pasado miércoles 25 el juez Francisco Pisa libró 25 órdenes de captura contra miembros de la Comunidad Indio Colalao, Base Riarte, ubicada al norte de Tucumán, en el Departamento de. Trancas cerca de la frontera con Salta. Se hizo en el marco de la causa abierta por el terrateniente boliviano residente en Salta Fredy Moreno Núñez Vela, de la empresa Zanja Honda y por Jorge Posse, en representación de la empresa Agro Avance S.A., contra 10 personas por una supuesta usurpación del predio de 19 mil hectáreas, y supuestos intentos de homicidio, amenazas de muerte y agresiones por parte de los comuneros. Fue en el 2010 que los miembros de la comunidad se enteraron que habían sido denunciados por «usurpar» su territorio ancestral, desde entonces sufren la persecución de la justicia y son agredidos por las fuerzas policiales.
La orden de detención incluye a la Cacica Maria Lilia Delgado y a la consejera Cintia Ovejero. Para cumplir con la orden intervino el fiscal Guillermo Herrera, y viernes 27 la policía tucumana realizó un importante operativo que ingresó, desde Salta, a la Comunidad Indio Colalao, en el operativo la policía entró a varias viviendas y destrozó las pertenencias de los comuneros. Así, después de violentar su casa, detuvieron a Beco Mercado, y lo maltrataron frente a su familia; luego de varios traslados lo llevaron a la ciudad de Tucumán, donde lo hicieron declarar representado por un letrado oficial, sin esperar a su abogado defensor. También detuvieron a Manuel Pastrana, sin informarle hacia dónde lo llevaban, ambos son familiares de Cintia Ovejero.
El sábado a la tarde, los policías regresaron, dispararon balas de goma y entraron a la casa de la familia Tolaba, desconociéndose hasta el momento su situación. En declaraciones a la Red Nacional de Medios Alternativos Cintia Ovejero volvió a expresar con convicción que «no van a lograr callarme. Ni siquiera si me matan, porque mientras haya un hermano nuestro dispuesto a pelear por nuestra identidad, la lucha continuará.»
Ya hubo un intento de desalojo el pasado 4 de julio, cuando unos 300 policías ingresaron violentamente a la comunidad, los policías dispararon tiros al aire, también golpearon a los pobladores, y a la noche abandonaron la comunidad dejando una guardia, esa vez no hubo heridos de gravedad ni detenidos. Sin respetar la ley 21160 de Emergencia en posesión y propiedad de las tierras de los pueblos originarios. Miembros de la Comunidad Indio Colalao, afirmaron que se denunció estos hechos en el INADI, y en organismos provinciales y nacionales como la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.
El presidente de Agro Avance SA es José Eduardo Posse cuñado del ex-vicegobernador y actual legislador provincial Sisto Terán Nougues y la empresa Zanja Honda SA encabezada por Moreno Núñez Vela- empresario de la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra- comparten agronegocios en esa zona del NOA.
Desde esta Secretaría expresamos nuestra preocupación y el repudio ante el violento allanamiento y los desalojos de pobladores originarios de Tucumán. De esta manera exigimos el cumplimiento de la ley 21160, prorrogada por la ley 26554 que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de los pueblos originarios
