Este martes por la mañana diversas organizaciones políticas y sociales se reunieron frente a la sede del Tribunal Oral Federal nº1 de La Rioja, exigiendo la aceleración del inicio del juicio oral por el crimen de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville durante la última dictadura cívico militar.
Encabezaron la convocatoria la Senadora Nacional por el Frente Para la Victoria -testigo en la causa-, Teresita Luna, y el Secretario de Derechos Humanos de la CTERA, Rogelio De Leonardi. El Tribunal Oral Federal de La Rioja a cargo del juicio había demorado el inicio de las audiencias debido a una recomendación del cuerpo médico del nosocomio local que afirmaba problemas de salud del ex comisario Vera. Este fue dado de alta el domingo pasado de un cuadro de “hipertensión”, luego de permanecer en estado reservado en una clínica local durante dos días.
Las banderas se apostaron temprano frente a los tribunales, entre ellas las de la Asociación de Ex Presos Políticos, la CTA de La Rioja, el Partido Norte grande, el Frente Transversal, la Asociación de Maestros y Profesores, la CTERA y el Partido Comunista. Las organizaciones convocantes plantearon el acompañamiento del proceso judicial y denunciaron maniobras de la defensa de los militares imputados.
Por su parte las abogadas de la querella, Viviana Reinoso, Cristina Herrera, Adriana Mercado Luna y María Elisa Reinoso, solicitaron al TOF que el cuerpo médico del Hospital Nacional de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba “proceda a examinar y controlar la evolución” de Domingo Benito Vera, el ex comisario imputado por crímenes de lesa humanidad. Junto a las abogadas, los organismos de Derechos Humanos denuncian que “no hay imparcialidad en el proceso» debido a que el TOF permitió la injerencia del poder local en el proceso judicial. Las abogadas se refieren a los jueces Mario Pagotto -hermano del abogado defensor – y Nelsón José Luna Corzo -sobrino de Vera-, ambos miembros del Tribunal Superior de Justicia que envió el peritaje de personal del Hospital Vera Barros. En relación a esto, el referente de la CTERA explicó que el ex Comisario está «blindado por una densa trama del poder local que incluye a los encargados de dictaminar, los médicos, que dependen de su sobrino nieto, el Ministro de Salud Juan Luna Corzo». Para De Leonardi en esta trama «están implicados altos miembros del poder judicial, relacionados a Vera y a sus abogados».
Secretaría de Derechos Humanos
CTERA
