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CTERA DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS/AS CURSANTES DEL POSTÍTULO ALFABETIZACIÓN EN LA UNIDAD PEDAGÓGICA

CTERA DENUNCIA LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS/AS CURSANTES DEL POSTÍTULO ALFABETIZACIÓN EN LA UNIDAD PEDAGÓGICA

CTERA manifiesta su repudio ante la interrupción que hace más de un año sufre el Postítulo ALFABETIZACIÓN EN LA UNIDAD PEDAGÓGICA, que formaba parte del Componente II del programa Nuestra Escuela. Como consecuencia, 6382 docentes, directivos y supervisores que habían cursado la mitad de los módulos y seminarios previstos en el plan de estudios quedaron imposibilitados de continuar sus estudios y más de 200 tutores especializados en la enseñanza de la lectura y la escritura vieron interrumpido su trabajo.

El proyecto de carrera fue aprobado por la Comisión Federal de Evaluación de Estudios a Distancia el 31 de setiembre de 2014. Figura en el Registro de ofertas con dictamen vigente, actualización 30-11-2015, Convocatoria 2014, Nº oferta 1452, de gestión estatal, Tipo Postítulo, con origen en el Ministerio de Educación de la Nación, Dirección Nacional de Gestión Curricular - Dirección de Educación Primaria, bajo el nombre de carrera Especialización Docente de Nivel Superior en Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Otorgaba título de Especialista Docente de Nivel Superior en Alfabetización en la Unidad Pedagógica. Aprobación plena por 2 AÑOS. Dictamen 1777/2014, de fecha 13/11/2014, vencimiento 31/12/2016.

 

Un logro inédito de este Postítulo fue el de articular los esfuerzos del Ministerio de Educación de la Nación, de 11 universidades nacionales y de 16 provincias.

 

En efecto, para diseñarlo y llevarlo a la práctica, desde mediados de 2013 trabajaron mancomunadamente con la entonces Dirección de Educación Primaria las once universidades nacionales (FFyL-UBA, UNC, UNICEN, UNLP, UNLu, UNNE, UNQ, UNR, UNS, UNT, UNTREF) y las  jurisdicciones involucradas (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y  Tucumán). En un entramado sumamente complejo, las universidades aportaron sus equipos de especialistas que desarrollan desde hace décadas investigación y formación en alfabetización, con perspectivas teóricas convergentes.

 

La cursada comenzó en 2015. En diciembre de ese año,  el cambio de gestión nacional implicó una interrupción que ya lleva más de un año. A la fecha, no se han retomado las actividades a pesar de que las universidades han realizado gestiones desde el primer momento para dar continuidad a la tarea y han respondido en tiempo y forma a los requerimientos del Ministerio de Educación.

Las tratativas con las autoridades educativas –iniciadas apenas asumieron, en diciembre de 2015- incluyeron reiteradas revisiones del presupuesto, a lo largo de las cuales se aceptaron algunas de las reducciones requeridas por el Ministerio. En julio de 2016 se llegó finalmente a un acuerdo, el Ministerio aprobó los últimos presupuestos presentados por todas las universidades y aceptó la prórroga por un año del convenio con las universidades –lo que hubiera permitido culminar el dictado del plan de estudios previsto y dar posibilidades a los estudiantes de aprobar lo cursado-. Sin embargo, la inmovilidad posterior del Ministerio obligó a renegociar nuevamente la duración del convenio –extendiéndolo hasta diciembre del 2017-. 

Hubo que esperar hasta diciembre del 2016 para que el Ministerio comenzara a enviar a las Universidades las adendas al convenio. Los rectores las entregaron firmadas en ese mismo mes o a principios de enero.

El 13 de febrero, ante la ausencia de respuesta por parte del Ministerio, la UNLP solicitó formalmente audiencia -en nombre del grupo de universidades- a la Secretaría de Gestión Educativa. Esta solicitud tampoco tuvo respuesta. Sin embargo, para sorpresa de todos (ya que ni siquiera se sabía si el ministro había firmado las adendas), el 15 de febrero las universidades fueron notificadas por vías informales de la transferencia de los fondos. Hasta la fecha no se ha comunicado cuál sería la dependencia ministerial que alojaría el proyecto -en ausencia de la desaparecida Dirección de Educación Primaria- y, por lo tanto, no se ha podido establecer contacto con los ministerios provinciales ni coordinar las acciones imprescindibles para reiniciar las actividades. En estas condiciones, no sólo ha sido imposible reanudar las actividades en febrero –como se había pactado- sino que tampoco será posible retomar las clases en marzo, última fecha para que los estudiantes puedan cursar y aprobar todos los módulos y seminarios previstos en el Plan de Estudios aprobado por la Comisión Federal de Evaluación de Estudios a Distancia.

CTERA denuncia ante todo la vulneración de derechos adquiridos por los 6382 estudiantes que cursaron la mitad de los espacios curriculares de este Postítulo y que se verían frustrados en su posibilidad de titularse. Asimismo, se solidariza con los profesionales que comprometieron su esfuerzo desde mucho tiempo antes del inicio formal de las actividades y cesaron abruptamente en su trabajo. Finalmente, condena la suspensión unilateral de los convenios firmados con las 11 universidades nacionales.

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