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Columna Editorial. Febrero 2022

Columna Editorial. Febrero 2022

EDUCAR, NO ES EVALUAR, SOLAMENTE. 

Desde CTERA nos hemos opuesto históricamente a la idea de la creación de un Instituto Nacional de Evaluación porque se trata de un espacio autárquico y autónomo por fuera de la estructura gubernamental, al que se le atribuyen facultades de injerencia en la definición de las políticas públicas para el campo educativo, y cuya existencia ni siquiera está contemplada en la vigente Ley de Educación Nacional (LEN 26.206).


						

Al proyecto de las pasantías precarizantes, ahora se le suma la idea de enseñar finanzas en las escuelas secundarias. Lo hacen siguiendo el modus operandi propio de este sector político que apela al “anuncio mediático” para simular una constante dedicación/preocupación por un tema, en este caso: la educación. Apariciones intempestivas que cuentan con las complicidades comunicacionales ya conocidas, para presentar como “novedoso” y “creativo” algo que en realidad es más de lo mismo en el camino que esta fuerza política viene recorriendo incansablemente para lograr la mercantilización total del sistema educativo.

Este proyecto que desde siempre ha impulsado el sector de la derecha, se basa en la creación de un organismo paralelo a la estructura educativa, que contaría con personería jurídica propia, financiamiento, discrecionalidad administrativa, técnica y operativa, incluso, con potestad para definir su organización interna; algo así como una agencia privada, fundación u ONG para hacerse cargo de la evaluación de la docencia y de las y los estudiantes en la Argentina. 

La creación de un Instituto Nacional de Evaluación es una iniciativa recurrente del macrismo, con la que vienen insistiendo desde que gobiernan en la CABA y con la que arremetieron cuando Macri fue presidente de la Nación. Es una iniciativa que refleja la sobrevaloración que este sector político le da a la evaluación, por encima de toda propuesta educativa integral. Vale aclarar, una idea de evaluación sustentada en el control, las pruebas estandarizadas y el accountability (rendición de cuentas), a la que ahora le adicionan “estímulos financieros” para las jurisdicciones que “cumplan con los objetivos”.

Cabe recordar que cuando Esteban Bullrich fue ministro de educación quiso imponer este instituto “por decreto”, lo que fue resistido y rechazado de plano por las organizaciones sindicales docentes. Inmediatamente a ello, de manera unilateral, plantearon la creación de un Instituto de Evaluación en lo que se conoce como la “Declaración de Purmamarca”, en aquella primera reunión del Consejo Federal de Educación durante el gobierno macrista; lo que tampoco prosperó.

Paso seguido, crearon, en la órbita del Ministerio de Educación, la Secretaría de Evaluación Educativa que quedó a cargo de Elena Duro, quien, en su oportunidad, manifestó que se “necesitaba contar con alguna estructura para ir trabajando hasta tanto se resolviera la creación de este Instituto”.

Actualmente, ésta Secretaría de Evaluación se mantiene en la estructura del Ministerio de Educación, aún con el cambio de gobierno, y pese a tener posiciones diferentes respecto a las políticas de evaluación. Esta Secretaría diseñó un Plan Nacional de Evaluación Educativa, que fue convalidado por el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación y aprobado por el Consejo Federal de Educación; dicho plan cumple con la función de monitorear y recabar permanentemente la información sobre el sistema educativo en sus múltiples dimensiones.

Por lo expuesto, sigue resultando totalmente inútil la propuesta que hace el sector de la derecha en nuestro país con relación a la creación de un Instituto de Evaluación; con el agravante del perjuicio que implica imponer la lógica del “premio/castigo”, ya que en el refrito de la nueva versión del proyecto que ahora vuelven a presentar, ofrecen más recursos a las jurisdicciones que obtengan mejores resultados. Es decir que, en lugar de apoyar a las provincias que más recursos necesitan para cualificar las trayectorias educativas de pibes y pibas que no alcanzan buenos resultados, por el contrario, van en clave meritocrática con esta idea del premio, contribuyendo financieramente con la profundización de las desigualdades socioeducativas preexistentes.

A su vez, desde CTERA consideramos que es el peor momento para generar más gasto de estructura burocrática en este ítem del presupuesto educativo, porque lo que ahora se necesita es invertir más en el mejoramiento de las condiciones para la enseñanza, infraestructura, equipamiento, derechos laborales, formación docente y, especialmente, en programas de inclusión y re-vinculación educativa de los sectores más afectados por las políticas de ajuste ejecutadas durante el macrismo y por las consecuencias de la pandemia.

En tal sentido, sostenemos que es en el marco de lo establecido por la Ley de Educación Nacional vigente que se deben diseñar las políticas de evaluación y no pensar en un sistema de evaluación como un fin en sí mismo; y porque además, ya existen las estructuras y acciones suficientes: Secretaria de Evaluación Educativa, Plan Nacional de Evaluación Educativa, Consejo de la Calidad y Evaluación Educativa, entre otros. La evaluación es importante, pero tiene que ser considerada como una dimensión más del sistema educativo y, por lo tanto, debe estar integrada, planificada e instrumentalizada en función de las políticas educativas en su conjunto.

El proyecto de creación de un “Instituto” que ahora propone el macrismo, nos retrotrae a las políticas educativas desplegadas durante los años ´90, cuando el énfasis se centraba en la calidad y la equidad (en clave de servicio), en el control y en lo punitivo, dejando de lado la inclusión educativa y el derecho social a la educación. En el fondo, este proyecto de ley trata de reflotar la esencia de la terciarización de la evaluación; es decir, dejar en manos del sector privado el manejo de los dispositivos, haciendo uso de fondos públicos, para la obtención de información con la idea engañosa de una supuesta independencia, objetividad y neutralidad. Este proyecto es, ni más ni menos, que una “invitación formal” a las empresas, fundaciones y ONGs, para que tengan mayor injerencia en la definición de las políticas educativas.

Por todo esto, desde CTERA nos oponemos a la terciarización/privatización de la evaluación educativa en nuestro país y planteamos que la evaluación del sistema educativo tiene que ser una política de Estado, a cargo del Ministerio de Educación, tal como lo establece la ley vigente, basándose en la elaboración de acuerdos federales con las jurisdicciones para la definición de los parámetros básicos, la confección y el diseño de políticas, estrategias, enfoques y procedimientos. Ya que es muy importante contar con un sistema integrado de objetivos, metas, líneas de acción e indicadores que orienten y permitan realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación de las políticas educativas en todo el territorio nacional.

Hoy más que nunca, necesitamos contar con la información suficiente para la toma de decisiones en todas las dimensiones fundamentales que permitan el mejoramiento de la educación, la resolución de las problemáticas más acuciantes que se profundizaron en los últimos tiempos y para garantizar el pleno ejercicio del derecho a una educación de calidad, en el más amplio de los sentidos.

Miguel Duhalde

Secretario de Educación CTERA

Buenos Aires, 22 de febrero de 2022 

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